Comisión recomienda archivar juicio político a Inés Manzano
La Comisión de Fiscalización aprobó el archivo del proceso de enjuiciamiento político a Inés Manzano por falta de pruebas contundentes
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el 24 de julio de 2026 un informe que sugiere archivar el proceso de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, tras no hallar pruebas de incumplimiento de funciones.
El fallo de la Comisión de Fiscalización
La Comisión, que sesionó en Guayaquil, determinó por mayoría que el juicio político carece de fundamentos jurídicos sólidos.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, la mesa legislativa avaló el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea el archivo definitivo del proceso.
La moción fue presentada por el legislador Luigi García (ADN) tras analizar las pruebas presentadas durante la sustanciación.
Argumentos del archivo por falta de nexo causal
El eje central de la resolución se basa en que “no se pudo demostrar una relación directa entre las funciones de la exministra y los hechos señalados en la acusación”, según detalla el comunicado oficial.
La Comisión subrayó que no se comprobó qué obligación concreta habría incumplido la exfuncionaria ni cómo sus decisiones habrían derivado en las presuntas irregularidades.
Detalles del contrato con Austral Technical Management
El expediente demostró que el contrato con Austral Technical Management (ATM) fue suscrito antes de que Manzano asumiera la cartera de Energía y Minas.
Asimismo, se certificó que la orden de pago cuestionada fue emitida y autorizada horas antes de formalizar su encargo ministerial, eliminando cualquier posibilidad de imputabilidad de responsabilidad política.
Distinción entre política pública y gestión operativa
La Comisión aclaró que existe una confusión en la acusación sobre las responsabilidades estatales.
Mientras la exministra dirigía la política energética del país, la administración directa de contratos y pagos correspondía legalmente a la Gerencia General de Celec EP y sus unidades de negocio, entidades con autonomía administrativa y financiera propia.
El informe enfatiza que la acusación no demostró que la Contraloría atribuyera una responsabilidad directa a la exministra.
Acciones adoptadas durante su gestión
Lejos de existir una omisión, el informe destaca que durante su administración se impulsaron acciones correctivas frente al contrato cuestionado: se presentaron actuaciones ante la Contraloría y la Fiscalía, y en el proceso arbitral, Celec EP presentó una contrademanda por 131 millones de dólares.
Además, se identificó la existencia de medidas cautelares que impedían la terminación unilateral del contrato o la ejecución de multas, limitando el accionar administrativo en ese momento.
Posición de las bancadas
Mientras el bloque de ADN defendió la inexistencia de méritos fácticos, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) expresó su desacuerdo.
La asambleísta Ana Herrera señaló que, pese a sus observaciones, el juicio no debió archivarse, sosteniendo que las pruebas presentadas demostrarían responsabilidad en los hechos.
La resolución final recaerá ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá el destino político de este caso.
Preguntas frecuentes sobre el juicio político contra Inés Manzano
❓ ¿Por qué la Comisión de Fiscalización recomienda archivar el juicio a Inés Manzano?
Porque no se pudo demostrar una relación directa entre sus funciones y las irregularidades denunciadas en el contrato con la empresa ATM.
El informe técnico ratificó que el contrato y el pago fueron procesados antes de que la exministra asumiera su cargo, por lo que no existe imputabilidad de responsabilidad política.
❓ ¿Qué distinción hizo la Comisión entre las funciones de la ministra y CELEC EP?
Diferenció la política pública (competencia ministerial) de la gestión operativa de contratos y pagos (competencia exclusiva de la Gerencia de CELEC EP).
La normativa legal establece que las empresas públicas gozan de autonomía administrativa y financiera, lo que delimita la responsabilidad de los ministros frente a contratos específicos.
❓ ¿Qué acciones tomó la exministra frente al contrato cuestionado?
Se presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría, y se interpuso una contrademanda arbitral por 131 millones de dólares. La exministra presentó pruebas de que su administración actuó en defensa de los intereses estatales, incluso cuando existían medidas cautelares que limitaban la terminación del contrato.
❓ ¿Cuál es el siguiente paso en la Asamblea Nacional?
El informe será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para que los legisladores debatan y resuelvan si se archiva o continúa el proceso.
Es el Pleno del Legislativo el organismo con la potestad final de decidir sobre la suerte de un juicio político, según el trámite establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
❓ ¿Esta recomendación termina con las investigaciones sobre el contrato?
No; el archivo del juicio político no impide que las instituciones competentes sigan sus propias investigaciones en el ámbito administrativo o penal. La Comisión aclaró que el archivo es exclusivo del juicio político, pero que esto no desvincula a otras instancias de continuar determinando las responsabilidades que correspondan.
