¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional volvió al debate tras el tratamiento del pedido de juicio político contra Inés Manzano, exministra de Energía que pasó el filtro del CAL el pasado 1 de junio de 2026.
La solicitud, impulsada por legisladores de la Revolución Ciudadana, estaba relacionada con supuestas responsabilidades políticas por la contratación de los proyectos de generación eléctrica Salitral y Quevedo, con Progen.
El Consejo de Administración Legislativa calificó el pedido el 1 de junio de 2026 y lo remitió a la Comisión de Fiscalización. Cinco días después, la mesa trató la solicitud en una sesión virtual. La moción para calificar el juicio político no alcanzó los votos necesarios: cuatro legisladores votaron a favor y seis se abstuvieron.
Las abstenciones correspondieron a Ferdinán Álvarez, Ana Belén Tapia, José Nango, Fabiola Sanmartín, Luigi García y María Paula Villacreses. Los votos afirmativos fueron de Janeth Bustos, Fricson George, Ana Herrera y Nanki Saant.
Andrés Obando, especialista en comunicación política, sostiene que la Comisión de Fiscalización cumple una función central dentro de la Asamblea Nacional porque se ubica en una de sus dos principales obligaciones: fiscalizar.
Te puede interesar: Así funciona la Comisión de Fiscalización en la Asamblea
Según Obando, esta mesa “ordena, califica, sustancia y recomienda si un proceso fiscalizador debe avanzar o archivarse”. En términos constitucionales, explica, la Asamblea tiene la atribución de fiscalizar los actos de otras funciones del Estado. En el plano político, esa tarea funciona como un contrapeso democrático para exigir explicaciones y activar responsabilidades ante posibles incumplimientos de funciones.
Sofía Guerrero, analista política, coincide en que Fiscalización representa uno de los principales mecanismos de control político del Legislativo. Su función, señala, incluye investigaciones, solicitudes de información, comparecencias y procesos de fiscalización.
Guerrero agrega que la comisión debe actuar como un contrapeso al poder, promover transparencia y exigir rendición de cuentas. Para ella, el problema surge cuando ese rol se subordina a la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea.
Para Guerrero, el mayor riesgo aparece cuando la fiscalización se vuelve selectiva. Esto ocurre, explica, cuando existe menor disposición para investigar a funcionarios afines a una mayoría política y mayor presión sobre actores de oposición.
Obando plantea una advertencia similar, pero con un tono más crítico. A su criterio, cuando una mayoría responde a intereses partidistas, la fiscalización puede alejarse de los intereses nacionales y acercarse a intereses políticos particulares.
El especialista sostiene que ese escenario puede desnaturalizar la misión de la Comisión. Según su análisis, la mesa puede convertirse en un espacio de persecución política o en un mecanismo de protección para funcionarios, dependiendo de quién controle la mayoría.
El tratamiento del pedido contra Inés Manzano se convirtió en el punto más reciente de esa discusión. Para los especialistas, la forma de votar, los argumentos usados y la comparación con otros casos permiten evaluar si una comisión actúa con criterios técnicos o con cálculo político.
Guerrero señala que la principal señal debe ser la consistencia. Es decir, aplicar los mismos procedimientos, requisitos y tiempos a todos los casos, sin importar la afiliación política de los involucrados.
Obando considera que, en el caso de Manzano, la Comisión envió un mensaje de protección frente al proceso de fiscalización. Su lectura se apoya en dos elementos: los chats atribuidos a la exministra, en los que se refiere a la fiscalización, y el argumento usado por asambleístas de ADN para no avanzar con el proceso.
Según Obando, el argumento de que el tema ya está en Fiscalía mezcla dos planos distintos: la investigación penal y el control político. A su criterio, la existencia de una investigación fiscal no elimina la posibilidad de que la Asamblea revise responsabilidades políticas.
El especialista también compara esa posición con otros procesos impulsados desde el oficialismo. Señala que ADN ha mostrado otra actitud frente a intentos de fiscalización contra autoridades no alineadas con el Gobierno, como el alcalde de Quito, pese a que en ese caso existen dudas sobre la competencia constitucional de la Asamblea.
Los especialistas consultados advierten que el uso político de la Comisión de Fiscalización no constituye un fenómeno exclusivo de ADN.
Obando recuerda que, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, también se cuestionó el comportamiento de esta comisión. Menciona como antecedentes los casos de la Valija Diplomática, Duzac y Odebrecht, en los que, según su análisis, la mayoría legislativa operó para evitar consecuencias políticas para funcionarios cercanos al poder.
El especialista sostiene que en esos casos se usaron argumentos similares a los actuales, como la ausencia de responsabilidad política.
Guerrero amplía esa lectura y afirma que las acusaciones de fiscalización selectiva han acompañado a distintas mayorías legislativas en varios periodos. No solo menciona a la Revolución Ciudadana, sino también a Alianza País.
La consecuencia más fuerte, según los expertos, recae sobre la confianza ciudadana en la Asamblea.
Para Obando, cuando la Comisión de Fiscalización se percibe como una instancia subordinada a mayorías políticas, el resultado es el desprestigio de la comisión, de los asambleístas y del Legislativo en su conjunto.
Ese desprestigio, agrega, puede derivar en pérdida de legitimidad y afectar la confianza en la democracia.
Lea más: CAL califica solicitud de juicio político contra Inés Manzano
Guerrero identifica al menos cuatro efectos: deslegitimación del control político, pérdida de credibilidad institucional, aumento del cinismo ciudadano y debilitamiento de la democracia representativa.
La analista sostiene que la ciudadanía puede asumir que las investigaciones no dependen de la gravedad de los hechos, sino de quién controla la mayoría. En ese escenario, el órgano encargado de controlar al poder termina visto como una instancia dependiente del poder.
Para los especialistas, ese es el punto crítico: cuando la fiscalización deja de percibirse como un contrapeso y empieza a verse como una herramienta de protección o presión política, la Asamblea pierde capacidad para cumplir una de sus funciones centrales.
Información extra: Asamblea Nacional
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.