¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La consulta popular prevista por Daniel Noboa para el 30 de noviembre de 2025 incluirá una pregunta para eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, con la supresión del Fondo Partidario Permanente y del Fondo de Promoción Electoral. Mientras el Gobierno anunció que enviará nuevas preguntas a la Corte Constitucional, especialistas advierten que la reforma transformaría la competencia electoral en una disputa marcada por el dinero privado.
La Corte Constitucional ya dio luz verde para que esta pregunta se someta a votación ciudadana. Daniel Noboa anunció que la consulta se realizará el 30 de noviembre de 2025, junto con otras reformas de carácter constitucional.
Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, explicó que el Fondo Partidario Permanente lo reciben solo seis o siete organizaciones políticas, y que su destino principal es la capacitación, la formación y la administración interna.
Subrayó que este fondo no incide de manera directa en la competencia electoral porque no se usa en campañas. En contraste, indicó que el Fondo de Promoción Electoral tiene un papel central en la difusión de las candidaturas, pues financia la publicidad en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.
Según Camacho, este diseño normativo buscó generar condiciones mínimas de equidad para que los candidatos no dependan únicamente de la disponibilidad de recursos privados.
Camacho recalcó que la Constitución de 2008 estableció la obligación del Estado de financiar esa promoción y, al mismo tiempo, prohibió que particulares aporten dinero para publicidad en los principales medios de comunicación.
La norma impidió que empresas mediáticas negocien directamente con candidatos, con el fin de evitar desequilibrios en la contienda. El exconsejero sostuvo que esa regulación permitió que, en un campo central de la campaña, las grandes fortunas no se impusieran sobre quienes tenían menos respaldo económico. A su juicio, el valor de esa disposición fue sostener una competencia más equilibrada en los espacios masivos de comunicación.
El exconsejero destacó que, desde 2008, las redes sociales se convirtieron en un espacio no cubierto por el financiamiento estatal ni por los mecanismos de control del CNE. Explicó que, en las últimas elecciones, una parte significativa de los recursos se destinó a publicidad digital que no se registraba formalmente.
Camacho señaló que esto abrió la puerta a campañas paralelas, contracampañas y aportes no declarados, que escapaban a la supervisión de las autoridades. Camacho advirtió que esta falta de control creó un desbalance que se ha vuelto cada vez más evidente en procesos recientes.
Según Camacho, este fenómeno se intensificó porque muchos pagos en redes sociales se realizaron a empresas domiciliadas fuera del país, lo que impedía el rastreo de su origen. Sostuvo que, en ese escenario, la equidad se debilitó y los partidos con más recursos lograron una presencia desproporcionada en plataformas digitales.
Indicó que, si se elimina el financiamiento público, el peso de la publicidad en redes crecerá aún más y ampliará la brecha entre candidaturas. Por eso consideró que, sin un sistema de control específico, la competencia electoral perdería los mecanismos de equilibrio que introdujo la Constitución.
Camacho advirtió que, si los ciudadanos aprueban la eliminación del financiamiento estatal, los partidos deberán recurrir a recursos privados para sostener sus campañas. Recordó como antecedente el caso de 1998, cuando un banquero aportó más de tres millones de dólares a una candidatura.
Explicó que este tipo de financiamiento privilegiaría a quienes tienen fortunas personales o respaldo empresarial, lo que establecería una diferencia sustancial frente a los demás candidatos. Señaló que esa lógica reproduciría desigualdades para la participación política.
El exconsejero enfatizó que la consecuencia inmediata sería un escenario en el que los actores económicos con más poder concentren la capacidad de sostener campañas. Dijo que los candidatos sin esos apoyos quedarían en desventaja y que el sistema perdería el equilibrio logrado con el financiamiento estatal.
Alfredo Espinosa, experto en temas electorales, señaló que la eliminación del Fondo de Promoción Electoral significa desestimar el principio de equidad en las campañas. Explicó que, sin ese mecanismo, la competencia se transformaría en una disputa de chequeras, donde el peso de la inversión marcaría la presencia mediática de cada candidatura.
Indicó que quienes más dinero tengan lograrán mayor visibilidad, lo que rompe con la idea de igualdad en el acceso a los electores. Subrayó que este cambio alteraría de manera profunda las condiciones de la competencia electoral.
Espinosa también indicó que la medida no impedirá la participación de candidaturas sin grandes recursos. Sin embargo, advirtió que estas buscarán financiamiento de cualquier fuente, incluso de sectores irregulares como la minería ilegal o el narcotráfico.
Señaló que, al abrirse esa puerta, los riesgos de infiltración de agendas externas aumentarán de forma considerable. El especialista insistió en que, sin controles adecuados, la reforma generará un escenario más vulnerable a capitales ilegales.
Espinosa advirtió que, con la eliminación del financiamiento estatal, las campañas podrían convertirse en espacios de blanqueamiento de capitales. Señaló que los aportes privados incluirían dinero proveniente de actividades ilícitas, que encontrarían un canal fácil para ingresar a la política.
Subrayó que el vacío regulatorio en el ámbito digital haría aún más complejo detectar el origen de los fondos. A su juicio, este escenario plantea una amenaza directa al sistema democrático.
El especialista explicó que los candidatos con menos recursos se concentrarán en redes sociales como una alternativa más barata. Indicó que esto provocará una sobresaturación de contenidos, lo que dificultará diferenciar entre mensajes oficiales y campañas paralelas.
Añadió que el CNE no cuenta con un sistema de monitoreo sobre lo que circula en redes, lo que incrementa la opacidad. Espinosa concluyó que, con esas condiciones, la disputa electoral girará más en torno al poder de financiamiento que a la igualdad de propuestas.
El analista electoral señaló que el Fondo Partidario Permanente se asigna a los partidos que cumplen requisitos de votación y presencia territorial. Explicó que los recursos se destinan a actividades de formación, investigación y publicaciones, aunque no existen auditorías que verifiquen su cumplimiento.
Indicó que varias organizaciones han sobrevivido sin recibir ese dinero, lo que demuestra que su existencia no depende de este fondo. Subrayó que, por tanto, su eliminación no pondría en riesgo la vida jurídica de los partidos.
Espinosa resaltó que la verdadera discusión no radica en el fondo, sino en la falta de control sobre su uso. Recordó que hay rezagos en la revisión de asignaciones y que el CNE mantiene procesos pendientes de años anteriores.
2.¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 5, 2025
Señaló que el debate se concentra en los partidos como sujetos de control, mientras que la función de supervisión de las autoridades queda desatendida. Concluyó que esta falta de institucionalidad genera vacíos que debilitan el sistema.
Espinosa describió que la unidad antilavado del CNE depende de la Dirección de Fiscalización y no cuenta con personal técnico calificado. Explicó que esta área solo compara informes de los partidos con listas de gastos permitidos, sin realizar investigaciones exhaustivas.
Indicó que esta limitación genera procesos superficiales que no logran detectar la procedencia de los recursos. Subrayó que, bajo esas condiciones, el CNE no está en capacidad de enfrentar un flujo mayor de dinero privado.
El analista insistió en que la apertura al financiamiento privado incrementaría tanto los aportes legales como los ilegales. Señaló que el organismo no dispone de presencia territorial suficiente para constatar actos de campaña en todas las provincias.
Propuso que se fortalezca la figura de fedatarios electorales y que se cree un marco jurídico más acorde con el contexto actual. Espinosa concluyó que, sin esas reformas, la eliminación del financiamiento público dejaría al sistema aún más expuesto a la opacidad.
Andrés Obando, especialista en comunicación política, señaló que la eliminación del financiamiento público envía un mensaje ético que pone en riesgo la igualdad democrática.
Explicó que, en la práctica, en Ecuador funciona una industria política con dinero que se mueve fuera de control estatal. Indicó que esta realidad no cambiaría con la reforma y que los problemas estructurales permanecerían. Subrayó que el impacto práctico no se corresponde con la expectativa ética del cambio.
Añadió que, en la historia reciente, las reformas políticas han respondido a los intereses coyunturales de los gobiernos de turno. El especialista concluyó que esta propuesta se enmarca en esa misma lógica de cálculo político.
Obando sostuvo que, sin financiamiento público, la política se privatiza y queda en manos de quienes concentran recursos. Explicó que los grupos con más contactos o fortunas ganarían más influencia en las campañas.
Señaló que, en un país atravesado por el narcotráfico, estos grupos ilegales encontrarían aún más facilidades para participar. Advirtió que este riesgo se amplía en provincias y cantones donde los movimientos locales tienen menos capacidad económica.
El especialista añadió que los movimientos rurales y locales dependerían casi exclusivamente del respaldo de caciques regionales. Indicó que esto fortalecería las redes de poder informal y reduciría la autonomía de esas agrupaciones.
Mencionó que la propuesta puede obtener un apoyo amplio en las urnas, pero que la confianza en el sistema representativo seguiría frágil. Obando concluyó que, mientras persista la cultura de corrupción y abuso en los partidos, cualquier reforma tendrá un efecto limitado en la credibilidad política.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.