Xavier Lazo, ministro de Agricultura. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Entrevista a Xavier Lazo, ministro de Agricultura.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre la situación económica en la Sierra centro y norte?
Varias provincias de la Sierra Centro y Norte como Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Imbabura, Tungurahua, entre otras, son vulnerables. Estas provincias carecen de dotación de agua potable y para riego, energía y servicios básicos, que son condiciones básicas que influyen en la productividad.
Conociendo esa situación, ¿por qué el Gobierno recién propone un plan con enfoque en el agro?
El plan era algo que se lo venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero que ahora se lo realizará de forma más eficiente. Los puntos principales del plan son: riego, tierras, producción, educación, vialidad y desarrollo comunitario. Se lo trabajó entre seis carteras de Estado y atenderá, en primera instancia, al sector indígena y campesino.
¿Por qué no se han atendido antes a estas zonas?
Por más de 50 años se ha desatendido a toda la ruralidad. Ahora se redireccionarán recursos de forma más técnica e inmediata al agro. Los fondos que antes se desviaban a través del contrabando y producto de los subsidios a los combustibles se destinarán a la ruralidad.
¿Cuánto y desde cuándo se lo hará?
Se ejecutará inmediatamente. Para el caso específico de los sectores indígenas son alrededor de USD 50 millones que se incrementarán en la medida en que se vaya liberando la presión fiscal. De igual modo, se irá incluyendo a la Costa y Amazonía. Todos forman parte de un mismo plan integral.
¿A quienes beneficiará el plan agrícola?
A todos. La cobertura será a escala nacional. Es decir, el número total de productores de todo el país más los que conforman el relevo generacional.
El Gobierno dijo que el plan recoge los planteamientos de los indígenas ¿Con quiénes del movimiento se reunió para armar el planteamiento?
Hemos generado los insumos atendiendo las problemáticas con las diferentes Carteras de Estado que manejan el ámbito social, productivo, representantes de la ONU y de la Conferencia Episcopal. Desde el miércoles pasado se tiene un contacto establecido. Por primera vez se está hablando con fuerza sobre este sector, lo que significa que la ruralidad ya ganó.
El Gobierno instaló en abril de este año mesas de diálogo, ¿por qué no se llegaron a acuerdos?
Siempre se ha mantenido mesas de diálogo.
Entonces, ¿por qué se da el paro?
Uno quisiera correr e implementar inmediatamente muchas cosas, pero la realidad del país no lo permite porque estaba quebrado. Entonces, con la reformas anunciadas se logrará salir del ‘atolladero’ en el que estaba.
Los esfuerzos parecen insuficientes, ¿cuán grave es la problemática económica de esa zona?
Muy grave. Aún con la bonanza petrolera no se pudo mover sustancialmente los indicadores de pobreza rural y extrema. El sector indígena vive en condiciones de pobreza producto de que no hay un norte claro en políticas públicas agropecuarias y atención a la ruralidad. Ahora se está dando la oportunidad de resolver mediante el diálogo.
Para la Costa se anunció una inyección de recursos para la Unidad de Almacenamiento (UNA), ¿De cuánto será?
Se van a inyectar USD 12 millones. La UNA es muy importante para la Costa y ahora se le va a generar liquidez. Además, se duplicará la capacidad de almacenamiento.