La Asamblea Nacional de Nicaragua concluyó este jueves la aprobación en segunda y definitiva legislatura de reformas a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total al presidente del país, Daniel Ortega.
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Los legisladores reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
Las reformas constitucionales ha sido criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y opositores nicaragüenses.
El documento amplía de 5 a 6 años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, eliminando el término “poderes”.
Además, crean las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria” que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
“Hemos concluido un trabajo de reformar nuestra Constitución Política plasmando nuestra realidad actual”, dijo en el pleno el jefe del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro.
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario”, libre, soberano, independiente.
Un Estado que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la “democracia directa”.
Que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
Además, que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años.
Además, podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.
También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
Las fuerzas militares y los medios
Asimismo, crea “las fuerzas militares de reserva patriótica“, como parte del Ejército de Nicaragua.
Estas estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento.
Además, crea la policía voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por nicaragüenses “que prestan sus servicios de forma voluntaria”.
Pese a que la figura de policía voluntaria no existía en la Constitución, Ortega afirmó en septiembre de 2022 que el Ejército, la Policía y la “policía voluntaria” ayudaron a restaurar “la paz” en Nicaragua.
Esto, tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que dejaron cientos de muertos.
Según organismos humanitarios y opositores, esos civiles armados son “grupos parapoliciales y paramilitares” que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada ‘Operación Limpieza’ con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones en su contra.
El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean “sometidos” а intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Ortega ha pedido reformar la Constitución en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permite reelegirse de forma indefinida.
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