INV Minerales pide que se respete las instancias legales, tras la consulta popular de Quimsacocha
Quimsacocha es un sistema hidrológico ubicado en las cercanías del cantón Girón, en Azuay, una importante reserva de agua dulce para el sur del país. Foto: Archivo EL COMERCIO
La empresa minera INV Minerales Ecuador no tiene el interés de demandar al Estado ecuatoriano, tras conocer los resultados de la consulta popular realizada el domingo 24 de marzo de 2019, en el cantón azuayo de Girón. Ese día se preguntó a la población sobre la posibilidad de realizar o no actividades mineras en el sistema hidrológico de Quimsacocha.
El 86,79% de quienes votaron en Girón se pronunciaron en contra. INV Minerales Ecuador tiene la concesión del proyecto minero Loma Larga, que está en las inmediaciones de Quimsacocha.
Ante estos resultados, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, señaló que existe la preocupación de una demanda internacional por parte de la minera.
Esta compañía de origen canadiense señaló a través de un comunicado que “el interés de INV Minerales no es demandar, sino desarrollar el proyecto de manera responsable y sustentable, por lo que la empresa agotará todas las instancias jurídicas en Ecuador, pero no descarta acudir a instancias internacionales, si fuera necesario”.
Sus representantes esperan que las instancias jurídicas nacionales respeten el debido proceso. Loma Larga es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos de Ecuador y está en la fase de exploración avanzada y evaluación económica. Hasta la actualidad, la inversión de esta compañía alcanza los USD 55 millones. Además, la construcción y desarrollo de la mina demandará otra inversión de USD 309,5 millones.
En este comunicado, la minera garantizó la estabilidad de sus empleados, así como el apoyo a 40 proyectos comunitarios que están en ejecución en la zona de influencia del proyecto.
Esta compañía prevé entregar al Estado USD 554 millones por concepto de regalías, Impuesto a la Renta e IVA, entre otros tributos, durante la vigencia del proyecto, que se estima en 12 años.
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