11 de febrero de 2019 21:34

Juez de Gualaceo emitió sentencia a favor de los derechos de la naturaleza

Un juez determinó que la apertura de una vía dentro del bosque de Collay causó afectación a la Naturaleza.Foto: cortesía Municipio de Gualaceo.

Un juez determinó que la apertura de una vía dentro del bosque de Collay causó afectación a la Naturaleza.Foto: cortesía Municipio de Gualaceo.

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Lineida Castillo

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El fallo fue a favor de los derechos de la naturaleza. El juez de Garantías Penales de Gualaceo, Geovanny Arce, encontró como responsables a la Prefectura de Azuay y a un dirigente de Gualaceo, de abrir una vía dentro del bosque de Collay.

La audiencia de lectura del fallo se cumplió la tarde de este lunes 11 de febrero del 2019 en el complejo judicial del cantón azuayo de Gualaceo. Antes de eso hubo una marcha pacífica de los gualaceños que demandaron la conservación del bosque que abastece de agua a una importante población de este cantón.

El Collay es un bosque de vegetación protectora, que ocupa territorios de 17 parroquias de ocho cantones de las provincias de Azuay y Morona Santiago, en el área de influencia del río Paute. Tiene 29 000 hectáreas y es un humedal de recarga hídrica.

Dentro de este bosque, desde hace unos dos meses grupos de pobladores empezaron a abrir una vía de conexión –desde dos frentes- que conecte a las dos provincias, a partir de un permiso ambiental otorgado por la Prefectura.

El argumento de los infractores ambientales es que la vía Gualaceo-Limón, que une a las dos provincias, está más de un año cerrada al tránsito vehicular en el sector de Ingamullo por una gran falla geológica, y no se avizora su apertura.

Utilizaron maquinaria pesada y hasta hace dos semanas –cuando las autoridades del Municipio de Gualaceo denunciaron el caso- la trocha abierta era de 609 metros lineales, con un área de afectación de 5 577 metros cuadrados.

Dentro del fallo judicial, Arce dijo que la Prefectura es responsable por omitir el cuidado ambiental y Antonio C, dirigente de Gualaceo, de violentar el derecho de la naturaleza. Además –en un plazo no mayor de seis meses- deben reforestar todo el territorio afectado y realizar campañas protección ambiental.

Asimismo, el expediente de este proceso judicial pasará a la Fiscalía quien investiga el mismo caso por una denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente. El abogado del infractor dijo que apelará la sentencia.

Para el alcalde de Gualaceo, Juan Diego Bustos, con esta sentencia se sienta un precedente sobre la defensa del agua y de la naturaleza. “Con esta ilegal intervención se causó un enorme daño a la flora y fauna existente”, dijo Bustos.

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