Diana Falcón comparece, a través de videoconferencia, en la Comisión de la Asamblea que trata el tema de la legisladora Sofía Espín. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO
La exagente Diana Falcón, procesada en el caso del secuestro del político Fernando Balda, compareció este lunes 15 de octubre del 2018, ante la Comisión Multipartidista que investiga la conducta de la legisladora correísta Sofía Espín por haberla visitado en la cárcel donde está recluida, el pasado 24 de septiembre.
Falcón, acompañada de su abogado defensor Diego Chimbo, dio su testimonio mediante videoconferencia la tarde de este lunes con autorización de la jueza nacional que lleva el caso.
Entre sollozos, afirmó que Sofía Espín, en medio de la etapa preparatoria de juicio, le pidió que se retracte de la versión que entregó en el proceso donde es investigado el expresidente Rafael Correa por los presuntos delitos de plagio y asociación ilícita.
“Por varias veces me pidieron que me retracte”, dijo al señalar que Espín se acercó hasta la puerta de su celda acompañada de Yadira Cadena, quien forma parte del equipo de abogados de Correa.
Falcón relató que accedió a conversar con ellas porque, en principio, la guía penitenciaria le dijo que se trataba de su abogada defensora.
Señaló que Espín le ofreció abogados para defenderla, tramitar un asilo en Bélgica -donde reside el expresidente Correa desde que dejó el poder-, e incluso “dinero” a cambio de que se retracte en su versión sobre el caso Balda.
“En eso interviene también la señora abogada Yadira Cadena y me dice: ‘yo con Raúl Chicaiza (el otro testigo) he hablado varias veces, lo he visitado en la Cárcel 4 e incluso le he ofrecido dinero pero él me tiene engañada porque dice que ya lo va a pensar, por eso ya no puedo confiar en él e incluso tú no debes confiar en él porque te está usando'”, aseguró.
Según Falcón, les respondió: “¿Por qué Rafael Correa quiere que le ayudemos si nosotros por varios años le pedimos que solucione este caso? porque esto viene desde el 2012 y nunca hizo algo para ayudarnos, y ahora estamos detenidos y a nosotros nadie nos puede salvar”.
Aseveró que Espín le interrumpió y le dijo: “Ayúdate a ti mismo y ayúdale a Rafael Correa, piensa en toda su familia que está sufriendo por esto que no tiene nada que ver”.
A lo que Falcón afirmó haber replicado: “¿A caso Rafael Correa ha pensado en mi familia? ha pensado que yo estoy presa ya siete meses? A él nunca le importó nada. Y ahora yo estoy aquí por un delito que nunca cometí, por una orden simplemente que cumplía de los órdenes jerárquicos, él no ha pensado en mi familia que yo he sido sustento de mis padres…”.
Señaló que el diálogo no duró más de 10 minutos y que al final le mencionaron que le dejaban un número de teléfono hasta que “lo piense”, a lo que no accedió.
“Esto lo digo en honor a la verdad porque no tengo a ningún partido político. Yo soy una persona que ha sido privada de mi libertad injustamente. Y ahora yo he querido dar la cara para que no sigan abusando de la gente, usando a los policías y que vean con qué tipo y qué clase de legisladores estamos”, puntualizó.
Durante su relato, la asambleísta Espín tomaba varios sorbos de agua. Mientras su colega Bairon Valle, quien forma parte de la Comisión Multipartidista, hizo un pliego de más de 20 preguntas a Espín.
La asambleísta correísta Sofía Espín escuchó la comparecencia, por videoconferencia, de la agente Diana Falcón. La policía dijo la legisladora le habría pedido cambiar su versión sobre Rafael Correa, en la investigación por el secuestro de Fernando Balda. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO
Valle le exigió que presente “evidencias” sobre sus afirmaciones de manera insistente, a lo que el abogado Chimbo reaccionó que dentro de las cárceles no pueden haber aparatos de grabación.
Falcón negó haber recibido amenazas dentro de la cárcel, como lo dijo en su momento el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda. Pero Jimmy Candel (BIN), presidente de la Comisión, expresó que la visita demuestra una vulnerabilidad en el sistema carcelario.
Durante su relato, la asambleísta Espín presente en la sala, tomaba varios sorbos de té. Mientras su colega Bairon Valle, quien forma parte de la Comisión Multipartidista, hizo un pliego de más de 20 preguntas a Falcón.
Valle le exigió a la testigo protegida que presente “evidencias” sobre sus afirmaciones de manera insistente, a lo que el abogado Chimbo reaccionó que dentro de las cárceles no pueden haber aparatos de grabación.
Falcón negó haber recibido amenazas dentro de la cárcel, como lo dijo en su momento el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda. Pero Jimmy Candell (BIN), presidente de la Comisión, expresó que la visita demuestra una vulnerabilidad en el sistema carcelario.
Esto último, inclusive, lo reconoció la propia Espín, al señalar que “no era mi obligación conocer todo el protocolo” para acceder a la cárcel donde Falcón está recluida.
La legisladora adujo que la testigo protegida “lamentablemente miente” y se desmarcó de las acusaciones. “No esperaba menos. Ella es rehén de una trama de persecusión en mi contra y de Rafael Correa”, mencionó.
Espín pidió que la Comisión también llame a comparecer a una funcionaria del centro penitenciario que permitió su ingreso y a Yadira Cadena, quien la acompañó. Además apeló a la nulidad del proceso que enfrenta y dijo que no ha tenido tiempo para preparar su defensa.
Hasta allí también acudió el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, junto con la viceministra de Rehabilitación Social, Liliana Guzmán, para presentar un informe.
Granda presentó videos y fotografías sobre lo sucedido y reiteró que la legisladora accedió con engaños y no se registró en la bitácora de visitas sino solamente Yadira Cadena, quien la acompañó y forma parte del equipo de abogados de Correa.
Por esta causa, el Ministro confirmó que la coordinadora de la cárcel fue removida, y que ha pedido a la Fiscalía que investigue el tema. Sostuvo que Espín pudo haber violentado el artículo 76 de la Constitución que señala que nadie podrá ser interrogado sin la presencia de un abogado particular o defensor público.
La Comisión tiene de plazo hasta el domingo para aprobar un informe y enviarlo para su discusión en el Pleno, del que podría depender que Espín pierda el cargo que ostenta.