Cambio de nombre de estudiante trans en su título de la 'U'
Segín el Director del Instituto de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, esta universidad tiene cerca de 950 posgradistas que se forman en 24 programas de estudio. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
En agosto del 2019, José B. egresó de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central de Ecuador. Y también concretó un paso que esperaba dar desde hace tiempo atrás: legalizó su cambio de nombre y género en sus documentos de identidad en el Registro Civil.
Finalmente pudo completar su transición, esperaba dejar de lado su vida en femenino. Pero trámites hicieron que recién el miércoles pudiera acercarse a su anhelo de graduarse respetando su identidad.
Las dificultades aparecieron desde septiembre del 2019; acudió a la Secretaría y a la Dirección de la Carrera (Psicología Clínica). Necesitaba que le informaran cómo lograr que en su título se leyera su nombre masculino.
En noviembre, es decir hace 15 meses, José, de 27 años, presentó la solicitud de cambio de nombre en todos los documentos físicos y virtuales. Pero el proceso fue lento, le respondieron informalmente que no tenían idea de qué hacer.
Le solicitaron acudir a todos los departamentos de la facultad. En vinculación no le dieron respuesta. Alguien le sugirió que buscara a los tutores externos de sus prácticas preprofesionales, para contarles que era una persona trans (transmasculina, pasó de lo femenino a lo masculino). Y pedirles nuevos certificados.
En febrero 2020 con tanto papeleo que debía realizar de modo personal no había terminado su tesis. Por ejemplo, un mes le tomó viajar a Santo Domingo de los Tsáchilas y llenar pedidos en el Ministerio de Educación para que su título de bachiller ya no saliera con nombre de mujer.
Tuvo que pedir una prórroga en la universidad para concluir su tesis. En julio del 2020, en plena pandemia, argumentaban que no tenían acceso a documentos físicos. Finalmente en noviembre, el Consejo Directivo resolvió que aceptaba su cambio de nombre en los documentos de prácticas.
Pero no hicieron lo mismo con su suficiencia en inglés. Se agotaban los plazos para cumplir con el proceso de titulación y quizá le tocaría seguir un semestre extra. “El proceso fue desgastante”.
Roberto Veloz, delegado de la Defensoría del Pueblo de Pichincha, que tomó el caso, apunta que “la Central violó los derechos a la seguridad jurídica, igualdad, material y no discriminación de José”.
Por lo que interpusieron una acción constitucional de protección. Para Veloz, el caso es simbólico porque se trata de una doble violación a derechos de una persona vulnerable, al ser joven y pertenecer a la diversidad sexo genérica.
“No le dieron respuesta para acceder a la titulación. Hay estándares internacionales que se deben respetar. La Universidad no tuvo argumentos para desvirtuar la acusación”.
Ramiro Acosta, procurador de la Central, señaló “hubo una demora, coincidió con el asunto de la pandemia. Esa información estaba en los archivos de la facultad. La disposición es que se le atienda de forma ágil, cumpliendo con la normativa. No apelamos, realmente es un asunto de falta de atención prolija y oportuna. No quisimos discriminar, de ninguna manera”.
