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Transportistas rechazan impuesto de matriculación aprobado por la Prefectura

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, manifestó que antes estas medidas entregaron un oficio el jueves 27 de enero del 2022. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Representantes del transporte de Pichincha conformaron un frente para solicitar la derogatoria de la ordenanza provincial 19_CPP-2019-2023, aprobada el 7 de octubre del 2021. La normativa establece el cobro de una tasa de contribución para el mejoramiento vial en las parroquias rurales de la provincia de la Sierra del Ecuador.

Los transportistas dicen que el cobro de este nuevo impuesto no fue socializado antes de ser aprobado por la Prefectura de Pichincha. Los dirigentes consideran que es un rubro más que se suma a los tributos que deben pagar en la matriculación vehicular como la tasa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), impuesto al rodaje, valor de la matrícula, el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat) y la revisión técnica vehicular.

Los agremiados aseguran que debido a la pandemia del covid-19, la economía de los transportistas se ha visto afectada.

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, manifestó que antes estas medidas entregaron un oficio el jueves 27 de enero del 2022 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En el documento solicitan que se realice una fiscalización a esta ordenanza. También dejaron un documento en la Prefectura de Pichincha con la petición de la derogatoria de esa disposición.

“La Prefectura hace el análisis sobre la base de 400 000 vehículos. Son datos del 2020 cuando actualmente en Quito existe 600 000 vehículos. No hay información exacta al respecto y eso nos motiva a que nosotros, por falta de socialización, por falta de información, solicitemos que se derogue la ordenanza” dijo Brunis.

Por su parte, Edgar Insuasti, gerente del Consorcio de Transporte Escolar de Pichincha, señaló que van a solicitar una auditoría pública hacia el Consejo Provincial porque “se ha evidenciado un despilfarro de dinero y no hay obras”. Además, manifestó que su gremio se ha visto afectado económicamente por la pandemia del covid-19.

De las 6400 unidades que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito, el 15% de los vehículos de sus compañeros han sido retirados por no tener dinero para pagar sus créditos con los bancos, asegura el dirigente.

Insuasti también expresó que sus unidades tienen capacidad para 16 personas, pero por la disposición del regreso voluntario a clases, actualmente solo utilizan este servicio seis estudiantes.

Darío Paladines, presidente de la Asociación de Motociclistas del Ecuador mencionó que van a imponer una acción de protección con medidas cautelares, ante la vulneración de los derechos para la ciudadanía.

“Esta resolución es una medida política porque estamos a puertas de un año electoral, no es una medida técnica porque no tiene justificativo. Tuvieron 3 años para realizar obras, generar los recursos y no lo hicieron. Ahora faltando meses para acabar su periodo quieren llenar de propaganda a Pichincha”, expresó.

Los diferentes gremios de transportistas informaron que mantendrán reuniones constantes para tomar acciones en el caso de que no exista una derogatoria del nuevo impuesto.

Según la resolución de la Prefectura de Pichincha los rubros a pagar son de la siguiente manera: vehículos particulares USD 18, transporte público y comercial USD 20,50 y motocicletas USD 9,30.