Designación del Superintendente de Bancos se empantana por decisiones judiciales
El Cpccs declaró sesión permanente, ante la falta de quórum para designar al miembro restante del equipo que escoge al Superintendente. Foto: Archivo / EL COMERCIO.
En menos de dos semanas se registraron dos decisiones judiciales contrapuestas respecto de la posesión de Raúl González como nuevo Superintendente de Bancos. Una jueza de Samborondón declaró primero la nulidad del proceso de designación.
El fin de semana del 6 de agosto fue un Juez de Yaguachi, también en Guayas, quien concedió medidas cautelares y ordenó a la Asamblea Nacional posesionarlo en el cargo de forma inmediata.
Todo esto mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) intenta continuar con el proceso de selección del Súper de Bancos con base en una nueva terna del Ejecutivo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió el listado el pasado viernes 5 de agosto.
La controversial resolución
La decisión que empantana aún más la designación la tomó el titular de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi. El juez John Rodríguez Mendiola concedió de forma provisional medidas cautelares y ordenó la posesión de González.
Además, dispuso que el Cpccs “se abstenga de conocer y tratar una nueva terna con los postulantes para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia”. Esto, hasta que en la jurisdicción del contencioso-administrativo se resuelva sobre la nulidad del proceso.
La acción de protección con medida cautelar fue interpuesta a las 17:30 del viernes 5 de agosto en la Unidad Judicial de Yaguachi. Y la interpuso Diego Trujillo, ciudadano ajeno a la designación. En 24 horas, el juez concedió la medida.
El contexto del caso
El Consejo de Participación designó como superintendente al ingeniero en auditoría Raúl González, el pasado 20 de julio. Pero Larissa Ibarra, jueza de Samborondón, aceptó una semana después una acción de protección y declaró la nulidad de la designación, aduciendo vulneración de derechos dentro de la selección de otra postulante al cargo. Con ello, existen dos resoluciones contradictorias sobre el caso.
El catedrático y abogado constitucionalista Emilio Suárez indicó que las grandes perdedoras son las garantías jurisdiccionales. Y apuntó que cuando existe una contradicción de dos sentencias (antinomia jurisdiccional) la que debe resolver es la Corte Constitucional, a través de una acción de incumplimiento.
Pero Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, le explicó a este Diario que ese criterio es incorrecto. “Solo existe una sentencia constitucional, que fue la de la jueza Ibarra”, dijo. “Esto de Yaguachi es una medida cautelar, no sentencia”.
El Consejo apeló la decisión de la jueza de Samborondón, pero independiente del litigio, el organismo tiene la obligación de cumplir con la sentencia de primer nivel, según adelantó Ulloa. Por ello se abrió un nuevo proceso de designación, mientras se espera una resolución de segunda instancia.
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