Corte Constitucional se ratifica sobre Consejo de Participación Ciudadana
José Tuárez pidió notarizar la forma en que encontraron la institución.
El dictamen de la Corte Constitucional (CC) que blinda las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio está vigente. Así lo afirmó Hernán Salgado, presidente de la CC, la mañana del pasado viernes 14 de junio de 2019.
“Si el Cpccs quiere revisar el dictamen que lo haga. Nosotros hemos dado nuestro veredicto. Pero eso sí, recomendándoles que no lo pueden alterar. Examínenlo. Discútanlo. Pero no se puede alterar una coma”, precisó Salgado.
El presidente de la CC se refería al dictamen de interpretación constitucional cuya sentencia establece que el Consejo definitivo “no puede revisar las decisiones tomadas en ejercicio de atribuciones extraordinarias” del Transitorio, tras la Consulta Popular del 2018.
Ayer, en el primer día de trabajo del Cpccs, tras su posesión en el cargo el jueves pasado, el presidente de la entidad, José Carlos Tuárez, dijo que respeta la posición de la CC, pero que el nuevo Consejo fue elegido por el pueblo y no por “un concurso de méritos y oposición mal logrado”.
Tuárez manifestó que actuarán de manera responsable y que se apegarán a lo que dice la Ley y la Constitución, para lo cual buscarán asesoramiento en esa materia.
Walter Gómez, consejero del Cpccs, dijo que es una tarea del actual Consejo fiscalizar al Transitorio. Cree que se debe realizar, , por ejemplo, el concurso para Contralor General.
El Consejo Transitorio resolvió el designar a Pablo Celi como contralor Subrogante hasta el 2022 o hasta que se cree el Tribunal de Cuentas que reemplazaría a la Contraloría. Ese mandato, según el Transitorio, se expedía con jerarquía constitucional como parte de sus facultades extraordinarias.
Sin embargo, la posición de sobreasesorarse respecto al dictamen originó reacciones en la Asamblea Nacional. El bloque de Creo y del Partido Social Cristiano (PSC) ya se pronunciaron en contra de una posible revisión de lo actuado.
Henry Cucalón, legislador del PSC, dijo que las tareas del Cpccs están establecidas y limitadas en la Constitución. Afirmó que el Cpccs definitivo “no puede revisar ni derogar lo actuado por el Transitorio, que tuvo base en la Consulta Popular del 2018”. Según Cucalón, cualquier inobservancia será “causal de juicio político”.
El bloque de Creo antes de la posesión de los vocales del Cpccs, el jueves pasado en la Asamblea Nacional, se pronunciaron en contra de que asuman sus cargos. Luis Pachala, coordinador de ese movimiento, señaló que apoyarán la iniciativa que dejó Julio César Trujillo, para la recolección de firmas que viabilicen una eventual Consulta Popular para definir el futuro del Cpccs.
La bancada oficialista se muestra cauta frente al inicio de las labores del Cpccs. María José Carrión, asambleísta de Alianza País, señaló que es prematuro hablar de juicios políticos. “No es una herramienta de presión política y menos un mecanismo de amedrentamiento o amenaza”.
Marcela Aguiñaga, del bloque correísta, señaló que las bancadas que quieren eliminar el Cpccs son una evidencia más de que “tenemos políticos que solo respetan la voluntad del soberano cuando les conviene”.
Respecto a la posibilidad de revisar lo actuado por el transitorio, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Presidencia, dijo que “la Corte Constitucional, que es el máximo organismo jurisdiccional, planteó cuáles son las competencias que tenía el Transitorio y el nuevo. El actual debe luchar contra la corrupción”.