El presidente peruano, Martín Vizcarra, expuso su defensa ante el Congreso este 9 de noviembre del 2020, en Lima (Perú), durante el juicio político. Foto: EFE
El Congreso de Perú depuso este lunes 9 de noviembre del 2020 al presidente Martín Vizcarra, después de que el Pleno del Parlamento lo declarara “incapaz moral” en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución.
En la votación se superó el umbral de 87 votos necesario para hacer efectiva su salida de la Presidencia.
Horas antes, el Primer Mandatario rechazó ante los legisladores haber recibido sobornos cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua y criticó que se le pretenda destituir del cargo con acusaciones no corroboradas por la justicia, al presentar su defensa en el proceso de vacancia en su contra.
Ante el pleno del Parlamento, Vizcarra aclaró que, de momento, solo ha sido citado por la Fiscalía en una etapa preliminar de la investigación por presuntos pagos irregulares en la licitación de dos obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), aunque esos casos ya han sido investigados previamente por el Ministerio Público.
Sin embargo, insistió en que “no existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno”.
“Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, dijo Vizcarra al manifestar su rechazo “enfático” y “categórico” sobre las presuntas pruebas presentadas por medios de comunicación.
Colaboradores eficaces
“Se puede vacar a un presidente solo con la declaración de aspirantes a colaboradores no corroborado?”, preguntó Vizcarra al hemiciclo.
El Jefe de Estado recordó que “un colaborador eficaz es alguien que ha delinquido y quiere reducir su pena acusando a otra persona”, pero no mencionó directamente que uno de esos presuntos colaboradores es el exministro de Agricultura José Hernández, amigo personal y supuesto mediador entre las empresas que pagaron coimas y el mandatario.
Sobre la licitación de la obra de irrigación Lomas de Ilo, una de las más importantes de su gestión en la región Moquegua, Vizcarra aclaró que la adjudicación a la empresa Obrainsa estuvo a cargo de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), a través de un comité de expertos extranjeros.
En ese sentido, el Mandatario se preguntó “en qué momento podría beneficiar a una empresa en un proceso enmarcado en un proceso internacional?”.
Respecto al hospital de Moquegua, recordó que “ya fue investigado y archivado en dos oportunidades” y que las empresas adjudicadas lo hicieron por un proceso similar dirigido también por Unops.
“Tenemos dichos y acuerdos que no han sido ratificados por un juez. No hay ninguna certeza, todo tiene aún que investigarse”, insistió Vizcarra al asegurar que es el primer interesado en que estos casos se esclarezcan a nivel judicial.
Casos archivados
Vizcarra también se refirió al hecho de que de momento hay dos investigaciones fiscales abiertas por este caso y que por eso declinó esta semana el interrogatorio que solicitó el fiscal Germán Juárez.
Así, indicó en ese sentido que como ciudadano tiene derecho “a no ser juzgado por los mismos hechos” porque “si dos fiscalías me investigan de manera simultánea se puede terminar viciando el proceso”.
“Quiero demostrar la falsedad de las acusaciones en una investigación imparcial. Demostraré de manera fehaciente mi inocencia”, expresó.
Sin embargo, Vizcarra también señaló que durante su gestión, como gobernador y actual como mandatario, ha reducido hasta en un 20% los montos de inversión de los proyectos adjudicados, lo que asume puede haber generado que las empresas concursantes tomen represalias contra él por combatir la sobrevaloración de las obras.
“Señores congresistas, no creen ustedes que estas empresas quisieran tomar acciones en contra de este Presidente que se atrevió a cambiar las cosas por primera vez?”, declaró durante la sesión parlamentaria.