10 de febrero de 2020 00:05

La concesión de activos del Estado tiene tres barreras

El 5 de julio del 2019, la CNT convocó a 20 instituciones financieras internacionales a presentar propuestas. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El 5 de julio del 2019, la CNT convocó a 20 instituciones financieras internacionales a presentar propuestas. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Negocios
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Trabas legales, la falta de estados financieros, de valoración e, incluso, la falta de decisión política retrasan el traspaso de la administración de activos estatales a manos privadas (llamado también monetización).

El plan se viene impulsando desde el Régimen anterior, pero sin resultados. En el 2018, el Gobierno actual pidió asesoría en este tema al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El organismo entregó un estudio que contempló bienes inmobiliarios, viales y energéticos susceptibles de ser monetizados, por USD 7 000 millones, pero luego el Gobierno siguió solo en el proceso.

En el 2019 se buscaban concretar USD 1 000 millones por la transferencia del manejo de estos activos. Para impulsar el proceso se conformó un comité, pero la meta no se cumplió.

En noviembre pasado, el Ministerio de Finanzas reconoció que se trata de procesos complejos. Marco Macías, entonces consultor de la Cartera, dijo que una medida de este tipo incluye resolver aspectos comerciales, legales y técnicos. Esos procesos pueden tomar mucho tiempo e incluye desde construir las bases de referencia, promocionar el activo y valorar el bien hasta subsanar aspectos legales pendientes.

Pese a ello, el funcionario mencionó que los procesos para concesionar Sopladora, Banco del Pacífico y CNT registran avances. Con base en ello, Finanzas presupuestó para este año USD 2 000 millones en concesión de activos o de una parte del ellos.

Sopladora puede rendir USD 953 millones; Banco del Pacífico, USD 800 millones; y CNT, USD 400 millones, según datos proporcionados a la Asamblea, en noviembre pasado, por José Agusto, ministro de Energía, en el marco del análisis de la Proforma 2020.

Pese al optimismo del Gobierno, los procesos tomarán más tiempo del previsto.

En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se deben resolver dificultades como la falta de balances auditados, elemento primordial para conocer el estado financiero de la empresa.

En la Central Hidroeléctrica Sopladora se enfrentan inconvenientes legales, porque la obra aún no ha sido recibida oficialmente por el Gobierno.
En el proceso de venta del Banco del Pacífico, en cambio, influyen factores externos, como el crecimiento del riesgo país a más de 1 000 puntos, que podrían limitar el interés de los inversionistas, indica Ramiro Crespo, titular de Analytica Investments.

Para Santiago García, docente de la Universidad Central, el mayor inconveniente es la falta de transparencia de las condiciones actuales de cada activo, lo que genera incertidumbre.

Además, no hay un liderazgo claro, dijo Hugo Carrión, director del centro de investigación Imaginar. La valoración de los bienes será un punto delicado, ya que causará toda clase de reacciones políticas en un año preelectoral, lo cual generaría un ambiente negativo para los procesos, indicó.

El Gobierno siempre habló de concesionar Sacha aunque la decisión se ha dilatado por diferencias entre funcionarios y ahora la decisión dependerá del modelo económico en el que se está trabajando.

En mayo del 2020 se tendrán los primeros informes de la monetización de CNT

Siete meses han transcurrido desde que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) dio los primeros pasos con miras a concesionar, temporalmente, sus operaciones a un agente privado.

A mediados de enero pasado, la empresa pública firmó con Ernst & Young (EY) para que se encargara de la valuación, determinación e implementación de un nuevo esquema de negocio y selección de un operador. EY tiene 360 días -divididos en dos etapas de 180 días cada una- para cumplir con sus obligaciones. Si los plazos se cumplen, la monetización debería resolverse este mismo año.

Uno de los temas por resolver en la entidad son los balances financieros que deben ser auditados. El último informe auditado se publicó en el 2015, y sobre él la Contraloría no pudo verificar, validar ni confirmar información financiera por USD 4 485 millones.

Martha Moncayo,
gerenta de la firma, dijo que en mayo recibirá los primeros informes para evaluar si el proceso es conveniente.

Oswaldo Chica,
secretario del Comité de Empresa de CNT, dijo que tres factores pueden retrasar el tema. Entre ellos están las amenazas de retomar las protestas por parte de actores sociales, un año electoral y pasivos laborales con 5 000 obreros sobre lo cual hay una sentencia constitucional. El monto de esto último se debe aún calcular.

El Gobierno quiere monetizar Sopladora desde hace cuatro años

Para avanzar con el proceso de concesión de la Central Hidroeléctrica Sopladora, el Gobierno está a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría, según informó en entrevistas anteriores José Agusto, ministro de Energía.

Ese organismo debe pronunciarse sobre unas multas que pesan sobre la constructora Gezhouba-Fopeca. A esto se suma que esta obra, que entró en operación en agosto del 2016, aún no ha sido entregada formalmente al Estado. De esta infraestructura existe una entrega presunta.

Antes de cualquier concesión, se deben resolver estos aspectos. Además, este proceso se debe basar en estudios técnicos, económicos, financieros y administrativos; y, “deben ser trasparentes”, expresó Ricardo Buitrón, consultor en electricidad.

Para conocer cómo avanza esta gestión, este Diario solicitó información al Ministerio de Energía, pero hasta ayer, domingo 9 de febrero, no hubo respuestas. La búsqueda de un inversionista para concesionar Sopladora data desde el 2016. En la inauguración de esta planta, el expresidente Rafael Correa planteó esta opción, que luego fue retomada por el actual Régimen. Pero aún no se ha concretado.

Sopladora tiene una potencia instalada de 487 megavatios y su valor en libros es de USD 953 millones. Además, hasta noviembre del 2019 había tres firmas interesadas.

Modelo de gestión se debe definir hasta marzo para el campo Sacha

Sacha estuvo en la lista de prioridades de monetización en el gobierno anterior e inicios del actual. Aunque en algún momento se llegó a decir que tenía interesados, el proceso no se ha concretado.

Incluso, antes de su salida Carlos Pérez, exministro de Energía, dijo que “en su opinión” el Estado debe seguir a cargo del campo petrolero Sacha, que produce 68 531 barriles por día.

El actual ministro de Energía, José Agusto, ha señalado que hay dos opciones en análisis. La primera es que el Gobierno invierta para que la estatal Petroamazonas desarrolle el campo que tiene un potencial importante, aunque esta opción está limitada por la falta de los recursos.

Por eso, el Gobierno también analiza buscar un socio privado. Para esto se fijarían reglas claras bajo un modelo de participación; es decir, donde los privados pueden llevarse una parte del crudo, pero el Estado “tiene la mayor utilidad”. La propiedad de este activo seguiría siendo del Estado. Según el Ministro, ese modelo estará listo a finales de marzo. Luego de eso se tomará una decisión.

Fernando Santos, especialista petrolero, consideró que este activo tiene una mayor opción de ser concesionado, por sus reservas. También porque el Estado cuenta con la experiencia de Auca, que fue entregado en el Gobierno anterior a Schlumberger.

Hasta enero último debía conocerse la valoración de Banco del Pacífico

Bank of America Security está a cargo de la valoración del Banco del Pacífico. Estaba previsto que en enero la banca de inversión culmine ese proceso. Este Diario consultó a esa entidad sobre el resultado de ese paso, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Esa firma de EE.UU. fue seleccionada, en noviembre pasado, para realizar el estudio. El Gobierno anterior ya intentó vender en el 2016 el Pacífico, que es el segundo más grande del país. En ese año, MBA Lazard estuvo a cargo de la colocación, pero se suspendió en el 2017.

Ramiro Crespo, titular de Analytica Investments, considera que en ese momento no hubo éxito “porque gobernaba Correa y eso no daba confianza a los inversores”.

“Se trata de un activo atractivo debido a sus buenos indicadores de utilidad respecto de su patrimonio y del nivel de activos”, explica Hanns Soledispa, director de Exponential Research. Pero los interesados pagarán un precio bajo por el bien, pues en el cálculo de la rentabilidad de la inversión se considera el indicador riesgo país, que este momento es elevado, añade.

Para Alfredo Vergara, exsuperintendente de Bancos, no se debería vender esta entidad porque, al ser del Estado, ha impulsado crédito en sectores que no son tan atractivos para otros bancos como el educativo, el de vivienda.

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