Son hábiles, rápidos y no ejercen violencia. Operan en mercados, en plazas o en buses de Quito. Siempre están entre dos y tres personas, entre ellas menores de edad. Así describen agentes de Inteligencia a los grupos delictivos dedicados a hurtos y robos pequeños en la capital.
Esas actividades ilegales son dirigidas por adultos que tienen experiencia en este tipo de delitos. Especializan a los adolescentes desde sencillas sustracciones
de celulares hasta operaciones más complejas, como el robo de piezas de vehículos.
Los agentes reconocen que cada vez es más frecuente la identificación de menores en bandas urbanas. Esta semana, EL COMERCIO reveló que en los primeros cinco meses del 2015, la Policía desarticuló 100 organizaciones dedicadas exclusivamente al robo a personas en las calles; en muchas intervinieron adolescentes.
Cifras del Consejo de la Judicatura señalan que entre el 2013 y el 2014 se triplicó el número de menores aislados en el país. Y en los primeros cinco meses de este año ya hay expedientes judiciales contra otros 2 756 jóvenes.
Solo en Quito, entre abril y junio del 2015, la Dinapen retuvo a 103 adolescentes. El 55% de los casos fue por robos y hurtos. El resto por tráfico de drogas, violación y asesinatos.
Los investigadores tienen una explicación para esta tendencia: las mafias se escudan en la inimputabilidad de los chicos, cuando no superan los 12 años, o en la flexibilidad de la ley, si tienen entre 12 y 17 años.
El artículo 307 del Código de la Niñez y de la Adolescencia precisa que los niños (0-12) “no son responsables y por tanto no están sujetos ni al juzgamiento ni a medidas socioeducativas”.
Los muchachos (12-17 años) se exponen, en cambio, a 10 tipos de medidas para corregir su conducta. Desde amonestaciones verbales, tareas comunitarias, orientación familiar, libertad asistida hasta el internamiento en un centro.
Esta última sanción se aplica cuando se perpetran delitos considerados graves (robo con muerte, asesinato, agresiones sexuales), pero en ningún caso la sanción supera los cuatro años de encierro, según el Código de la Niñez.
Los grupos que operan con adolescentes saben que los buses son espacios ideales para ejecutar hurtos. Es un delito que no representa riesgos y que se comete en segundos. “Se aprovechan sobre todo de los estudiantes y de las mujeres. Delinquen entre las 06:00 y 08:00, 12:30 y 14:00 y en las noches. Son expertos en el robo de celulares”, comenta un policía metropolitano.
Andrea fue víctima de estas organizaciones. El lunes anterior perdió su celular mientras regresaba a casa, luego de clases. El robo ocurrió pasado el mediodía, en plena hora pico, en un bus de la Ecovía. Antes de bajar en la parada de la Casa de la Cultura se dio cuenta que ya no tenía su teléfono. Permaneció en la unidad y rebuscó el equipo a un joven de unos 15 años que estaba atrás suyo. Miró en sus bolsillos, llamó desde otro celular, pero ya lo habían apagado. “Lo utilicé y lo guardé en el pantalón. Dos minutos después desapareció”, relata la estudiante a este Diario.
Un agente metropolitano, en cambio, recuerda el robo que ocurrió hace dos meses en la parada Eugenio Espejo, en el Centro de Quito. La víctima tenía al sospechoso, de unos 16 años, contra el piso. Le pedía que le devolviera el teléfono, pero no lo recuperó. Las personas que estaban en el andén comentaron que otros dos cómplices, también menores, huyeron con el equipo.
Según los investigadores, entre dos y tres sospechosos suben a los articulados. Uno de ellos analiza a la víctima, sustrae el celular y lo entrega a sus acompañantes. El autor permanece en el bus y los otros se bajan. Esa operación puede ejecutarse en cinco minutos.
Informes de la Policía señalan que estos grupos no almacenan los celulares en cachinerías o sitios clandestinos, pues los venden enseguida. Con esto evitan que las víctimas los localicen con sistemas de rastreo satelital que tienen los equipos de última generación.
Otro dato: las bandas dedicadas a estos delitos obtienen altos réditos económicos. En un día, los sospechosos pueden hurtar hasta 10 celulares. Por cada equipo ganan entre USD 60 y 100, todo depende del modelo. De la venta de los equipos se encargan adultos que lideran los grupos, explica un agente de la Policía Judicial.
En el país, las operadoras reciben cerca de 1 580 reportes diarios de robos de teléfonos, según la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.
Agentes de la Dinapen indican que las bandas captan a los adolescentes, en muchos casos,
para perpetrar estos delitos pero también se conoce que las
propias familias los utilizan.
En un informe, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ya identificó este fenómeno y advirtió que en el país “los jóvenes -incluso mujeres embarazadas- son reclutados por grupos delictivos y hasta por familiares cercanos”.
En mayo, la dueña de un local que funciona en Colta (Riobamba) entregó a la Dinapen un video como prueba de un robo. En las imágenes se ve cómo una niña de 10 años saca el dinero de la caja mientras la familia distrae a la empleada.
En Quito hay casos similares. En octubre pasado, por ejemplo, la PJ desarticuló una organización que operaba en San Blas, La Marín y El Tejar. En la incursión la Policía capturó a seis adultos y aislaron a seis menores.
Un mes después hubo una nueva operación. Los sospechosos utilizaban a adolescentes, entre 14 y 17 años, para robar en La Mariscal. Los chicos estudiaban a la víctima y la seguían; mientras esta caminaba, otro se atravesaba y la distraía. Los demás cómplices eran los ‘campaneros’, es decir, alertaban la llegada de los agentes.
Informe
En los últimos dos años, el número de adolescentes en conflicto con la Ley se triplicó