La ministra del Interior, María Paula Romo, aplaudió la decisión de separar a la directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito. Foto: Jorge González / EL COMERCIO
La ministra del Interior, María Paula Romo, aplaudió la decisión de separar a la directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito. Esto luego de que la legisladora de la bancada correísta, Sofía Espín, visitara en ese lugar a la testigo protegida Diana Falcón y que está vinculada al supuesto caso de secuestro del exlegislador Fernando Balda.
La titular de la Cartera de Estado reiteró en Guayaquil este viernes 28 de septiembre del 2018 que la legisladora hizo una visita a un centro de detención sin autorización y sin haberse registrado las faltas.
“Esas seguramente son faltas y yo aplaudo y reconozco la decisión del ministro Paúl Granda que ha separado de su cargo a la directora de la cárcel”, dijo.
Para Romo “es probable” que la asambleísta haya cometido un delito. “Ojalá que la Fiscalía investigue porque cuando se acerca a una persona que tiene alguna relación en el caso y se acerca a un testigo protegido me parece que hay algo que se está infringiendo”.
Sin embargo, más temprano la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones.
“En ejercicio de nuestros cargos, acudir a un centro de rehabilitación a constatar las condiciones en las cuales se encuentra una persona privada de libertad, no constituye causal alguna para perder la calidad de asambleísta”.
En el documento indicaron que el ingreso de Espín a la cárcel fue autorizado y que ello consta supuestamente en el registro de ingreso. Esto en referencia a las declaraciones de Paúl Granda, secretario de Gestión Política y ministro de Justicia encargado, quien dijo que ella “burló” los controles del Centro.
“Es inaceptable que el Ministro de Justicia manifieste públicamente que uno asambleísta “burló” todos los controles de seguridad, lo cual resulta inaudito, ¿o acaso las personas privadas de libertad se escapan por las ventanas?”, indicaron en el documento en el que muestran su respaldo a Espín.
Para Romo, ni los asambleístas y ministros pueden ingresar a las cárceles. “Eso no funciona así, el ser funcionaria pública no le da prerrogativas para saltarse la Ley, le da la obligación de ser la primera en obedecer la Ley y si en este caso entrar a una cárcel puede implicar algún tipo de intimidación a un testigo protegido tendrá que explicarlo a la Fiscalía”.
Romo participó en Guayaquil en una reunión del Consejo de Seguridad Provincial del Guayas. Tras la cita anunció que la Policía Nacional implementará una unidad especializada en lucha contra la corrupción y reiteró que se creará una policía fronteriza.
“Ese tipo de delitos también tienen que ser sancionados (corrupción) y también tenemos que aportar con investigaciones que permitan llegar a una sentencia, estamos trabajando en ese sentido”, refirió la ministra respecto a la nueva unidad especializada.
Mientras, sobre la policía fronteriza está dentro del plan nacional de seguridad fronteriza que se ha desarrollado en conjunto con las Fuerzas Armadas y que abarca desde el 2018 al 2030.