Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Entrevista a Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro
¿Por qué ha sido tan difícil revisar los subsidios a los combustibles en el país?
Hay que recordar que es una política que empezó en 1974. Una estructura de tan largo plazo no se puede resolver de un día para el otro. Por eso, es fundamental pensar en cuáles son los efectos indirectos o directos o las externalidades que se producen a causa de los subsidios y tomar medidas integrales.
Por ahora están en el tapete los efectos fiscales.
El monto que destina Ecuador a los subsidios en relación con el PIB es de los más altos en la región, junto con Bolivia o Venezuela, pero la reducción de una de esas subvenciones no necesariamente va a ser la solución a los problemas económicos. Una focalización va a tener consecuencias en el comportamiento de consumidores, lo cual es un elemento más que -junto a otras medidas fiscales ya tomadas- puede afectar a la demanda agregada y, con ello, al PIB.
¿A qué se refiere con medidas integrales?
Los subsidios en el Ecuador tienen que ser revisados, pero de manera progresiva e integral; es decir, trabajar también en reformas estructurales que ataquen la forma en que consumimos la energía. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sacó, el mes pasado, una nota técnica sobre el efecto del cambio en la matriz energética que se impulsó en el Ecuador los últimos diez años, que incluyó medidas como la sustitución de las cocinas de gas por las de inducción. El BID estimó efectos positivos en un 2,4% del PIB; es decir, migrar al uso de electricidad automáticamente reduce el peso fiscal de los subsidios. El impacto en el 2016 fue de USD 125 millones y calcula que será de USD 1 900 millones hasta el 2020. El monto es más importante que lo que se ahorraría subiendo el precio de la súper.
Pero el cambio de la matriz energética no logró todos los objetivos que se perseguían. Hoy mismo existe una enorme oferta eléctrica que no se usa. ¿Cómo avanzar en un cambio más profundo?
Hay que trabajar en una mayor eficiencia de la matriz. Se debe construir una política energética, enfocada no solo en lo nacional, sino en lo local. En Grupo Faro estamos apoyando procesos en las ciudades. Ambato, Cuenca o Riobamba están pensando en sistemas de movilidad más eficientes para reducir las emisiones y el consumo de energía. Y hay otras ciudades en el mundo donde solo pueden circular autos con más de un ocupante. Es decir, se debe integrar en las políticas a los ciudadanos y a las ciudades. Es importante no perder de vista el largo plazo por una decisión como la eliminación de los subsidios, que tal vez se toma por necesidades coyunturales.
¿Qué subsidios a los combustibles deben revisarse?
La discusión está este momento enfocada en la gasolina súper, porque -en teoría- tendría menos consecuencias. Pero esto no resuelve, insisto, los problemas que tiene la economía. Un análisis integral debe incluir los efectos de todas las medidas que está tomando el Gobierno, incluida la Ley económica recién aprobada.
¿Por qué?
Esa norma contempla exenciones, pero hay que ver su peso y efectos y que se sumarían a los USD 4 500 millones que hoy el Fisco destina a gastos tributarios, es decir ingresos que deja de percibir por exenciones, deducciones, etc.
¿Justifica los USD 144 millones que generará el alza del precio de la súper el costo político de la medida?
No me atrevería a predecir el costo político, pero es una variable muy importante y lo hemos visto históricamente. Hay que poner los USD 144 millones frente a otros datos.
¿Como cuáles?
Por ejemplo, el gasto tributario en deducciones de personas en relación de dependencia y con actividad económica que, juntas, suman casi USD 400 millones. Se trata de beneficios para contribuyentes que ganan más de USD 937 al mes. El gasto equivale a cuatro veces más que el monto de ahorro por subir el precio de la súper. Revisar los gastos tributarios es una vía administrativa más fácil para obtener ingresos, porque ahí se puede claramente discriminar las medidas, según el ingreso de los contribuyentes. No digo que revisemos esto y no lo otro. Lo que planteo es ver dónde están todos esos espacios que se pueden usar sin afectar a las familias más vulnerables.
¿Qué efectos tendría una revisión generalizada de los precios de todos los combustibles?
Según un estudio, aumentaría 12% el precio del transporte, 5% el de bienes de consumo duradero y 1% el de la comida.
El argumento para focalizar la súper es que beneficia a gente de altos ingresos.
Según datos del INEC, el quintil de más altos ingresos usa el 55% de los combustibles y los de bajos ingresos, el 3%. El precio de las gasolinas no ha subido desde el 2003 y es un problema que se arrastra. Por eso no es una mala idea repensar esta política. Espero que no quede en anuncio y se aproveche para de una vez tener un paquete de medidas integrales y de largo plazo.
¿Qué experiencias hay sobre focalización en la región?
Los sistemas de gas centralizado permiten identificar los sitios con población en situación de pobreza y focalizar. Otros países subsidian solo hasta cierto volumen de gasolina al mes. Costa Rica y Chile tienen políticas no discrecionales; es decir, con reglas que permiten flexibilidad: si sube el precio internacional, el valor local aumenta de forma proporcional. En Ecuador el tema es discrecional: hay un precio fijo para el consumidor y, con ello, si aumenta el precio internacional, incrementa el costo del subsidio para el Fisco.
Formación. Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una Maestría en Políticas Públicas en Brown University, de EE.UU., y otra en Economía en la Universidad de Montreal, de Canadá.
Experiencia. Es directora ejecutiva de Grupo Faro, un centro de investigación que busca generar evidencia para incidir en políticas públicas. Trabajó 10 años en la Reserva Federal de Boston, donde fue vicepresidente del área de Investigación de Desarrollo Comunitario.
