Cuando el ejercicio de un derecho puede ser limitado, restringido, incluso anulado, por el Estado esgrimiendo razones como el color, tamaño y forma de una hoja de papel hemos alcanzado la epitome del formalismo. Cuando para explicar esta sinrazón democrática se cita un reglamento de la más ínfima jerarquía normativa, se invocan “informes jurídicos”, que siempre suenan a importantes e irrefutables, me es inevitable pensar en los profesionales del derecho que están detrás de estos bodrios que se usan para dar apariencia de legalidad y racionalidad a los absurdos más increíbles.
La profesión legal se encuentra en entredicho de forma permanente, las bromas sobre abogados son infaltables, en estas nos retratan como egoístas, ambiciosos, antiéticos. Parece que estamos dispuestos a “torcer” los hechos y el derecho, dependiendo de quien nos pague o contrate, qué somos capaces de mentir, engañar, alterar la verdad siempre que esto favorezca la posición que defendemos o lo que hacemos mejore nuestra posición económica, poder o influencia política.
Es famoso un ensayo, publicado por el profesor norteamericano Marc Galanter, se analiza la relación que existe entre las bromas que se hacen sobre los abogados, la consideración social de la profesión y el discurso político. Estudia como la actuación de los abogados es considerada desconfiable, conflictiva, ambiciosa; se piensa que somos muchos, que tenemos demasiado poder, especialmente porque muchos cargos relevantes requieren de ese título y ante la hiperregulación de la sociedad cada vez personas necesitan contratar un abogado.
En nuestro país años de lamentable deterioro de la educación legal en facultades, colegios o escuelas de jurisprudencia (con algunas honrosas excepciones) han entregado a la sociedad ecuatoriana cientos de profesionales del derecho con severas limitaciones para interpretar, explicar y aplicar un ordenamiento jurídico en proceso de permanente cambio; algunos de estos profesionales se prestan para sustentar, defender y justificar las decisiones más grotescas contribuyendo a la caricaturización del sistema jurídico, de las normas, del derecho y a todos sus componentes, incrementado la desconfianza el Estado y la capacidad regulatoria del derecho.
Estos “juristas” asumen que citar artículos, referirse a la Constitución, al “Estado constitucional de derechos y de justicia”, el buen vivir y demás formulas rituales, ya vaciadas de sentido, son sustento suficiente para cualquier decisión.
Conozco a muchos colegas, de todas las edades, especializaciones y ocupaciones que son inteligentes, honestos, competentes, comprometidos -más allá de sus diferencias ideológicas- con una aplicación correcta de las fuentes del derecho en el Ecuador, estoy seguro que todos ellos (sin importar donde trabajan) les indignará la desfiguración cotidiana de lo jurídico, la ridiculización de las normas y del sistema jurídico.