El personal que al arranque de este Gobierno tomó las riendas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dejó al descubierto el pavoroso manejo que se le daba a esta sensible entidad que regula el transporte terrestre en el país. Resulta que no había ni especies para las licencias de manejo.
Las bodegas estaban vacías. Entonces se declaró la emergencia y se adquirieron 350 000 especies por USD 154 000.
Pero eso no es todo. Hoy se ha transparentado todo el manejo oscuro en torno a las placas de automotores. Hay problemas desde el 2018 y no se han entregado 246 271 identificaciones vehiculares.
¿Por qué? Porque la maquinaria está obsoleta. La reparación no da resultados y vuelve a fallar. Su vida útil feneció.
¿Por eso nunca se dejó ingresar a la fábrica y se manejó herméticamente?
Los responsables deben responder y no solo las cabezas, sino mandos medios que jamás aclararon la información.
Hoy por hoy, los equipos para elaborar las placas están apagados. Tampoco hay insumos para que reinicien operaciones.
Es deprimente entrar a las bodegas y ver que miles y miles de láminas están guardadas en cartones. En las calles, en cambio, los usuarios apenas pueden usar series impresas en papeles blancos.
Guayas, Azuay y Pichincha son las provincias más afectadas.
La autoridad ha tomado medidas. La idea es que los Municipios entreguen el material en sus territorios. Se han concretado las primeras reuniones en Quito, Guayaquil, Cuenca y Quevedo.
Es urgente que se tomen soluciones al respecto. De por medio también está la seguridad de los ciudadanos.
Hasta finales del 2020 se detectó que 2 888 vehículos se usaron en el país para cometer ilícitos. Sin placas, la captura de los responsables se hace más difícil y la huida más sencilla.
Hasta diciembre del año pasado, la Policía tenía en sus registros 7 396 denuncias presentadas por personas que aseguran haber sido robadas por sospechosos que se movilizaban en moto. Sí.
Muchos de estos automotores no tenían sus identificaciones. ¡Una pena!
Quienes hoy manejan la ANT tienen un gran trabajo para depurar la entidad y sacar a aquellos que incluso dejaron que el sistema informático se deteriore y se vuelva obsoleto. Los hackeos son constantes y no se ha dado ningún seguimiento para hallar a los culpables.
En el 2017, la Contraloría General del Estado ya generó un informe y el caso se encuentra en la Fiscalía.
Estas entidades deben indagar además cómo, en plena pandemia, cuando todo estaba cerrado, cuando el país estaba paralizado por el coronavirus, la Agencia aprobó 302 rutas y 1 632 frecuencias de buses inter e intraprovinciales. ¿Qué estudios se ejecutaron? ¿Existen informes de necesidades?
No es posible que desde enero del 2021 justamente en esas rutas hayan existido 106 siniestros viales. Algo se hizo mal.
Es imperante que se analice el procedimiento que se tomó para dar el visto bueno y que se diga quién o quiénes estaban detrás. Ahora se sabe que las sospechas apuntan a funcionarios de la ANT. La justicia debe actuar.