Es fácil perder de vista que los involucrados en los escándalos más recientes (Ina Papers y Arroz Verde 502) tienen un mismo origen político, son resultado de la misma lógica y se han servido de estructuras institucionales organizadas y puestas al servicio de un proyecto populista y autocrático que se ha rebelado, además, como corrupto.
No podemos olvidar que los responsables de este esquema lo dejaron para su continuidad con Moreno; un giro político complejo los separó y ha permitido la acumulación de evidencias de una institucionalidad en que la cercanía partidaria y la capacidad de brindar un servicio al “proyecto”, eran la condición para acceder a ciertos cargos públicos.
La reforma electoral promovida por el gobierno de las “manos limpias” limitando el financiamiento privado a partidos y movimientos políticos con el objetivo, se dijo, de impedir que la victoria en las elecciones esté mediada por cuánto dinero se destina a una campaña en medios o que los financistas de los partidos cobren sus aportes con favores de los triunfadores; así, se establecieron restricciones a la contratación de propaganda electoral y a la financiación privada por parte de quienes tienen contratos o intereses estatales.
Como en muchos otros casos, las reglas se usaron para los “otros”, en tanto que el partido de gobierno aprovechaba de una serie de ventajas indebidas. Esto hizo que, a la corrupción directa (pago a funcionarios para acceder a información privilegiada, contratos a dedo, beneficios económicos o relajamiento de los controles) se sumara la “corrupción por dependencia”, aquella que responde a “una economía de dádivas basada en la donación y la recepción de favores políticos [y que] funciona a nivel de la institución misma”.
Correa y compañía nos han convertido en el lugar del doble estándar, por eso si queremos tener algún futuro como país, además de una reforma política e institucional de gran alcance, debemos empeñarnos en una reforma de costumbres y prácticas porque la acción política de estos años ha enviado mensajes distorsionados para la vida social, convirtiendo lo inaceptable en un estándar de actuación de muchas personas. Vemos un escaso reproche social para quienes usan una posición pública para que familiares, conocidos o amigos obtengan ventajas; para muchas personas es normal, incluso deseable, el uso de los espacios públicos para permitir el intercambio de favores y obtención de beneficios personales.
El ejercicio de un cargo público es visto como una inversión económica a mediano y largo plazo, una vía para incrementar el patrimonio personal y familiar, que es aceptado sin escandalizarse por esto, sólo llaman la atención los casos “extremos”, somos condescendientes y tolerantes, incluso justificamos la obtención de beneficios a partir de la gestión pública.
“Arroz verde” e “Ina Papers” tienen el mismo origen, la misma partida de nacimiento, una práctica política populista, autodenominada de izquierda, que sirvió de pantalla para que algunos se hagan ricos -y otros muy poderosos- a costa de lo público.