Miércoles 17 de octubre. Ocho hombres armados bloquean el acceso al Parque de la Madre y asaltan las oficinas de BanEcuador, en Marcabelí-El Oro. Dos de ellos aparecen en un video con fusiles.
Ese mismo día se difunden imágenes que muestran cómo cuatro personas atacan una bodega en Quito. Todos usan pistolas.
Dos días después, otra grabación delata a cinco hombres que amenazan con armas de fuego a pasajeros de un bus interprovincial.
Miércoles 21 de noviembre, dos hombres asaltan con pistolas a dos personas que están en plena zona financiera de Quito.
Más allá de que se difundan videos y se alarme en redes sociales, los citados son casos concretos y es urgente evitarlos.
.¿Qué sucede con las operaciones militares para incautar armas? ¿Han dado resultados? Revisemos las cifras. El 46,54% de los 823 homicidios perpetrados en el país de enero a octubre de este año se cometió con pistolas o revólveres. En Guayaquil, el porcentaje sube a 75,52%. En Quito es de 13,73%.
El 18 de abril de este año, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió la resolución 2018-122-AD-COMACO y ratificó la prohibición que tienen las personas naturales para portar armas de uso civil.
Pero el marcado ilegal es poderoso. Ocho mafias locales se dedican a introducir armas de fuego desde Perú. Las negociaciones se concretan en Guayaquil y en Santo Domingo de los Tsáchilas. Los emisarios permanecen en esas ciudades hasta cuatro días, a la espera de que las mafias envíen desde Colombia el 50% del valor de la carga ilegal. En Perú, cada revólver se compra en USD 1 200. Pero si llega a Colombia cuesta USD 5 000.
Si la negociación no se cierra, las armas son alquiladas a bandas que operan en el país.
¿Será ese armamento el que se usó en Marcabelí o en Quito? La autoridad está obligada a reforzar las seguridades. La Constitución (artículo 158) establece claramente que las FF.AA. y la Policía deben proteger a los ciudadanos. La norma debe cumplirse.