@farithsimon
Esposible que en estos días el aparato de comunicación del Régimen haya cumplido puntualmente su trabajo, posiblemente presentando a Manuela Picq, la académica y periodista franco-brasileña detenida y en proceso de deportación, como parte de la trama del ‘golpe blando’ (conveniente etiqueta con la que se descalifica toda expresión de descontento o protesta); que se haya difundido la delirante versión contenida en el parte policial de su detención: ‘…en circunstancias que nos encontrábamos realizando el control migratorio de ciudadanos extranjeros …se acercó la señorita policía nacional [… ], a manifestarnos que minutos antes había observado a una ciudadana extranjera de sexo femenino, la misma que mientras había estado realizando protestas en contra el Gobierno, había sido agredida por personas desconocidas y debido a la gran cantidad de personas se encontraban las marchas no había podido proceder a la detención de los causantes, razón por la cual le había colaborado dándole los primeros auxilios, al llegar al lugar y hora antes mencionado tomamos contacto con dicha ciudadana extranjera a quien procedimos a solicitarle sus documentos que abalice su estatus migratorio en nuestro país, manifestando que no los portaba […]. Producto de las heridas que aquejaba solicitamos la colaboración de una ambulancia… quien procedió a trasladarle hasta el hospital de especialidades Eugenio Espejo’.
Luego de describir la atención de salud y el diagnóstico de ‘Poli contusión más trauma Craneoencefálico leve’, como fue mantenida bajo custodia policial durante toda la noche porque ‘no podían’ verificar su estatus migratorio y que ingresó –legalmente- al país, informan que la visa fue cancelada, así el parte concluye: ‘la mencionada ciudadana se encuentra en PERMANENCIA IRREGULAR, razón por la cual […] fue trasladada hasta la Unidad Judicial Primera de Contravenciones de Quito para ser puesta a ordenes de la autoridad Competente”.
La descripción del ‘parte’ no coincide con las imágenes que existen del momento de detención de Manuela. Tampoco dice que la visa vigente (12 VIII de intercambio cultural) fue cancelada el día siguiente de su detención mientras se hallaba bajo custodia policial, que no existió proceso alguno para tomar esta decisión, que se omitieron reglas básicas que rigen la actuación de funcionarios públicos en esta materia y que le colocaron en una situación de indefensión al no respetar las disposiciones vigentes de protección a personas en situación de movilidad humana, vulnerando gravemente sus derechos.
En el parte policial tampoco se informa que ella tiene una unión de hecho con un ecuatoriano, lo cual normalmente le brindaría una protección adicional. Pero resulta que su compañero es Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, un opositor.
Manuela sigue detenida, como una suerte de botín político, a la espera de ser deportada, seguramente sorprendida por la forma en que este Estado, que se llena de un discurso de derechos, enfrenta a la disidencia política y ‘castiga’ a sus detractores.