El nombramiento de un ecuatoriano como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería ser motivo de celebración y de unánime satisfacción nacional. Sin embargo, su elección, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido recibida con preocupación por un importante sector de organizaciones, activistas, académicos y defensores de derechos humanos.
Para el Gobierno, es un éxito de su diplomacia, un reconocimiento -en palabras del Canciller- a “un hombre destacadísimo de este país, un defensor de los DD.HH. de toda su vida y un excelente jurista, por eso lo presentó el Ecuador, porque es un hombre destacado que merece estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El doctor Pazmiño ha dado a conocer que aceptó su candidatura con base en un plan de trabajo que acordó con Cancillería, un plan que -presentado a los demás Estados- contribuyó a obtener un apoyo histórico a su elección (22 de 23 votos posibles). Acusa a quienes rechazaron su candidatura de “falta total de conocimiento del derecho”: él no podrá influir en los casos en los que el Estado ecuatoriano sea demandado, la reglamentación de la Corte Interamericana impide que los jueces participen en el tratamiento de casos del país que son nacionales. Para él, el importante rechazo de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y académicos a su candidatura es resultado de la odiosidad y de la ignorancia.
Sin duda, esta elección es un ‘triunfo’ de nuestra diplomacia, que promovió la candidatura con una intensa campaña que incluyó visitas a varios países por parte del candidato y sus promotores; hay que señalar también que la candidatura tenía una ventaja por el hecho de que el país no había contado con un juez en ese tribunal desde hace 12 años y que se presentaron cinco candidatos para cuatro vacantes. Tampoco podemos olvidar que nuestro país realizó una generosa donación (USD 1 millón) a la Corte Interamericana.
Nuestro régimen ha criticado reiteradamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acusando a la Comisión Interamericana de ser un problema para los gobiernos democráticos y por responder a los “intereses del gran capital, particularmente aquel detrás de los negocios dedicados a la comunicación”. En la práctica había tenido poco éxito con sus propuestas, su logro más importante había sido mantener el proceso de discusión abierto. Por esto, el nombramiento del Dr. Pazmiño es visto como una oportunidad para promover los cambios “desde adentro”, algo que debe preocupar a cualquiera que esté comprometido con el avance de la protección internacional de los derechos humanos en nuestro continente.
Al contrario de lo que afirma el Presidente de la Corte Constitucional, la oposición a su nombramiento responde a un profundo conocimiento de sus actuaciones y sus sentencias. Sabemos que en ellas ha plasmado una interpretación del derecho que favorece al poder estatal, en detrimento de los derechos y libertades individuales: toda una amenaza.
@farithsimon