El presidente Rafael Correa se blinda con un nuevo equipo de seguridad. Nació el jueves pasado, mediante Decreto Ejecutivo Nº 418.
En ese documento se establece que la Casa Militar y el Escuadrón Presidencial se fusionarán para dar paso al Servicio de Protección Presidencial (SPP). Esta unidad se encargará de “proporcionar protección y seguridad para el Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República, al Secretario Nacional de la Administración Pública y a sus familiares, dentro y fuera del país”.Antes de la vigencia de este Decreto, la seguridad del Primer Mandatario tenía tres niveles a cargo de la Casa Militar. Las Fuerzas Armadas debían brindar protección al Presidente y al Vicepresidente dentro del Complejo de Carondelet y en sus apariciones públicas. No se incluía al Secretario de la Administración.
La segunda era el resguardo en los domicilios de las dos principales autoridades del país. Este trabajo ha estado a cargo de militares (edecanes) y policías (quienes vigilaban el perímetro).
Finalmente, el Escuadrón Presidencial de la Fuerza Aérea, que debía responder a la Casa Militar. Este equipo fue creado por Rafael Correa, con la llegada del avión Legacy 600 y se encargaba de realizar los traslados nacionales e internacionales del Presidente o de quien él dispusiera.
Ahora, todas esas tareas dependerán del Servicio de Protección, que será una dependencia adscrita a la Presidencia, con personería jurídica y autonomía operativa, administrativa y financiera. Es decir, solamente responderá al Jefe de Estado.
Su campo de acción será más amplio. Operará en cualquier lugar que las tres autoridades y sus familiares se encuentren.
Este equipo estará a cargo de un oficial con rango de General de las FF.AA., quien será escogido directamente por el Jefe de Estado, de una nómina que será enviada por el Ministro de Defensa.
Este funcionario deberá reclutar a personal policial, militar y civil para integrar esta unidad. Ellos durarán en sus puestos un período presidencial completo.
Además, el Servicio deberá coordinar sus acciones con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Incluso, sus miembros no podrán difundir información o documentos referentes a sus actividades. La violación a esta disposición será castigada penalmente.