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Así es el aborto legal en tres países de Latinoamérica

La legalización del aborto, como un derecho de las mujeres, es el resultado de años de lucha en países de Latinoamérica. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Luego de despenalizar el aborto para víctimas de violación, el 28 de abril del 2021, la Corte Constitucional de Ecuador dio un plazo de seis meses a la Asamblea Nacional para trata el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el Parlamento está por cumplir un mes de retraso.

Este martes 25 de enero del 2022, el Pleno recibió dos informes de la Comisión de Justicia para el segundo y definitivo debate de la Ley. 

El proyecto de ley ecuatoriano tiene tres nudos críticos. El primero es el plazo máximo para que las víctimas de violación accedan al aborto. El segundo se refiere a los requisitos para acceder al servicio de salud e interrumpir el embarazo y el tercero tiene que ver con la objeción de conciencia de los profesionales de salud. 

EL COMERCIO detalla algunos aspectos del aborto legal en tres países de la región, en donde las luchas de los movimientos de mujeres terminaron en la despenalización

México 

En septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y reconocer el derecho a la vida desde la concepción. 

De acuerdo con información de la BBC, solo en cuatro de los 32 estados del país se permitía legalmente la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación sin importar las razones. Se trata de Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Y el aborto era legal en todo México solo cuando el embarazo era producto de violación. 

El país reconocía otras siete causales para permitir la interrupción del embarazo. Por ejemplo, si existe riesgo para la salud y la vida de la mujer o si el feto presenta malformaciones congénitas graves. Sin embargo, corresponde a los estados determinar las circunstancias que acepta. Guanajuato y Querétaro son dos de las entidades más restrictivas del país. 

Argentina 

Entre 1921 y el 2020, el país reconoció el aborto legal por peligro para la vida y la salud de la persona gestante o cuando el embarazo es producto de una violación. Desde el 2020, las mujeres que deciden abortar pueden hacerlo de manera segura y gratuita en el sistema de salud. La información la recogió diario El País. 

El embarazo se puede interrumpir hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de explicar los motivos de su decisión. Y el derecho al aborto por causales se mantiene sin límite temporal. 

Durante la década de 1970 Argentina comenzó a dar los primeros pasos, cuando organizaciones feministas y de salud comenzaron a plantear la necesidad de despenalizar el aborto. En el 2003 se desarrolló el primer plan para la lucha en favor del aborto legal, durante un Encuentro Nacional de Mujeres. Y en el 2015 hubo un acontecimiento clave: la primera movilización masiva #NiUnaMenos para reclamar medidas para combatir y erradicar la violencia de género, dice el diario español. 

El proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo fue presentado siete veces en el Congreso. En el 2018 los legisladores pudieron debatir el proyecto por primera vez, aunque no se logró su aprobación. Recién dos años después, el 30 de diciembre del 2020, el aborto se convirtió en ley. 

Uruguay 

Este país despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo a finales del 2012. La ley uruguaya habilita que la mujer aborte por voluntad propia en las primeras 12 semanas de gestación. Pero le exige que comparezca previamente ante una comisión asesora compuesta por un ginecólogo, un trabajador social y un profesional de salud mental

Tras esa cita y cinco días de “reflexión”, la embarazada decide si va a abortar. La gran mayoría opta por hacerlo porque ya tiene la decisión tomada de antemano, dijo a la BBC Verónica Fiol, ginecóloga del hospital público Pereira Rossell en Montevideo.  

Desde 1938 estuvo vigente un marco legal restrictivo respecto al aborto, que era ilegal y estaba penalizado. La Ley 9763 consideraba al aborto como un delito que podía ser eximido de pena en determinadas circunstancias: cuando el embarazo era producto de una violación, por el honor de la familia, por angustia económica o por riesgo de vida de la mujer. Así consta en el documento El proceso de despenalización del aborto en Uruguay, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).