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Asamblea recibió criterios diferentes sobre Ley del aborto por violación

A la sesión que se dio en modalidad virtual comparecieron investigadores, médicos, psiquiatras, abogados y activistas. Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador

Casi dos horas más tarde de lo previsto, debido a pedidos de cambiar el orden del día, la Asamblea se instaló este martes 25 de enero del 2022, para el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. 

Antes de abrir paso a la discusión en el Pleno, 21 líderes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas y activistas presentaron sugerencias y recomendaciones a los legisladores para que resuelvan el texto. 

Las ponencias evidenciaron dos posturas marcadas: unos a favor de que no se establezcan plazos ni requisitos, como la denuncia, para acceder al aborto por violación, y otros que pidieron respetar la vida del feto. 

También aludieron a la objeción de conciencia, que es otro de los nudos críticos del proyecto que fue entregado por la Defensoría del Pueblo al Parlamento en junio pasado, tras la sentencia con la cual la Corte Constitucional (CC) despenalizó el aborto por violación el 28 de abril pasado. 

A la sesión que se dio en modalidad virtual comparecieron investigadores, médicos, psiquiatras, abogados y activistas. Mientras, a las afueras de la sede del Parlamento se concentraron grupos a favor y en contra del texto. 

Temporalidad  

Ximena Casas, investigadora de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW); Rosa López, representante de la red de mujeres de la provincia de El Oro; y el médico, Esteban Ortiz, solicitaron al Parlamento no establecer plazos para permitir el aborto en caso de violación.  

López argumentó que crear requisitos como la temporalidad “es no conocer el territorio nacional. Somos un país con enormes brechas” para acceder al sistema sanitario. “Grupos antiderechos pretenden crear trabas”, anotó. 

Casas pidió a los legisladores tomar en cuenta pronunciamientos del sistema interamericano de Derechos Humanos y del Comité de DD.HH. de Naciones Unidas, donde se recomienda a los Estados que “no deben crear barreras” nuevas para la atención a las mujeres. 

La especialista insistió a los legisladores que aprueben un texto “sin restricciones de plazo, sin obligación de denunciar y regulando la objeción de conciencia para los médicos”. 

Ortiz argumentó que datos internacionales demuestran que más del 90% de los abortos se dan antes de las 20 semanas de gestación, y que “un porcentaje muy pequeño” se practica después de esta etapa.  

“Si establecemos la temporalidad más de cinco mil mujeres se quedarían fuera”, dijo, en el caso de Ecuador. Coincidió con López en que personas de la ruralidad y de escasos recursos afrontan “brechas infranqueables” para acceder a la red de salud. 

Los ginecólogos Octavio Miranda, de Ecuador; y Fernando Jácome, de Colombia, aludieron a pronunciamientos del gremio sobre ese tema, a la atención de embarazos en adolescentes, mortalidad materna, y formas de atención. 

“Mientras más tardía es la terminación de un embarazo, mayores son los riesgos que se presentan. Los eventos adversos serán menores en el primer trimestre”, sostuvo Jácome, quien señaló que “son palabras mayores” hablar de un aborto después de las 20 o 22 semanas de gestación. 

Miranda recordó que desde 2015 la red de salud pública del Ecuador cuenta con guías clínicas para el aborto terapéutico, donde se señala que hasta las 20 semanas de gestación la interrupción del embarazo se puede tratar con medicamentos. “Mayor a 20 semanas no lo vamos decir”, señaló. 

Requisitos 

María de Lourdes Maldonado, del colectivo Dignidad y Derecho, y el abogado Pablo Pazmiño insistieron a los legisladores para que en el texto se incorporen requisitos. “Se debería establecer un equilibrio entre los derechos de la mujer y del ‘nacituro’”, dijo la dirigente.  

La activista sostuvo que “el aborto a partir de las seis semanas debe ser considerado una tortura” y remarcó que “ningún tratado considera al aborto como un derecho fundamental”, por lo que rechazó los términos del informe de mayoría elaborado por la Comisión de Justicia. 

Pazmiño cuestionó que dicho informe contemple “un simple formulario” para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo por esta causa. “Sin requisitos no hay forma de demostrar que se trata de una violación”, adujo.  

El especialista aseguró que el proyecto “configura varios problemas a nivel legal” si es que no se establecen parámetros. Señaló que se deben incluir “hechos fácticos” y que si se invoca al aborto por violación “debemos encontrar, al menos, indicios del crimen”. 

José López Moreno, otro abogado que intervino ante el Pleno, fue más allá al acusar a la Corte Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de haberse “excedido en sus competencias” al emitir sentencias al respecto. 

El letrado consideró que la Corte no tenía la atribución de disponer a la Asamblea que legisle sobre este tema y emplazó a los parlamentarios para que “acaten el principio de separación de poderes”.  

La postura de López fue rechazada por Virginia Gómez de la Torre, representante de la Coalición Nacional de Mujeres, quien defendió la sentencia de la Corte. “La ley no es para fetos, no es para violadores. Es la primera vez que se pone en el centro a las mujeres”, enfatizó. 

Gómez de la Torre sostuvo que sería “inconstitucional” si el Pleno da paso al informe de minoría, que apunta a permitir el aborto por violación hasta las seis semanas de gestación. “Es una propuesta que golpea la sentencia de la Corte”, acotó. 

La activista incluso reprendió a un legislador, pero sin identificarlo, por haber señalado que “las mujeres están para parir”. Defendió el derecho a decidir y a que no se les obligue a dar a luz al producto de un crimen. 

Objeción de conciencia 

En relación a la objeción de conciencia, hubo discrepancias incluso entre los propios médicos. “Un derecho que tiene un colega no puede ir por encima del derecho de una mujer”, dijo Ortiz.  

Con esa postura no estuvo de acuerdo Iván Altamirano, especialista en Ginecología, pues señaló que entra en juego un tema de principios y valores. “Por tanto, creo yo, es deber del médico no prestarse a alguna maniobra o algún acto que atente a los dictados de su conciencia”. 

Agustina Ramón, catedrática de la Universidad de Palermo (Argentina), afirmó que “solamente el 5% de los países en el mundo aceptan la objeción de conciencia institucional” y consideró que se deben establecer límites generales a este ejercicio. 

Al cierre de esta nota (15:00), la sesión continuaba y estaba previsto que el debate entre los asambleístas se aplazara a la próxima semana, hasta que haya condiciones para que el Parlamento se reúna de modo presencial. 

Cambio de agenda 

Pedidos de asambleístas de Pachakutik (PK) y el correísmo para cambiar el orden del día del Pleno hicieron que la sesión se instalara más de una hora y media después de lo previsto.

Joel Abad (PK) planteó al Pleno aprobar una resolución para encargar a la Comisión de Régimen Económico que investigue los planes del Gobierno de vender el Banco del Pacífico, pues dijo que habría un “conflicto de interés” por parte de Guillermo Lasso. 

Mientras, Pabel Muñoz (Unes) propuso una resolución que permita exigir que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) califique a trámite las propuestas para derogar la reforma tributaria, que se presentaron en diciembre pasado. 

Las propuestas de Abad y Muñoz tuvieron respaldo para ser incluidas en la agenda, pero la presidenta Guadalupe Llori (PK) dispuso que la discusión se la haga después del trámite de Ley sobre el aborto por violación.  

Otro asambleísta no logró el apoyo del Pleno para exhortar a la Función Judicial a que investigue la actuación de dos jueces de Santo Domingo y Santa Elena que dejaron sin efecto una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) sobre rutas y frecuencias irregulares entregadas a operadoras de buses.