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Mujeres con pañuelos verdes piden una Ley de aborto justa y reparadora para víctimas de violación

"¿De qué lado de la historia están?" Es la pregunta que le hacen a la Asamblea las mujeres que se concentraron en el exterior del Palacio Legislativo. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

“¿De qué lado de la historia están?” Es la pregunta que le hacen a la Asamblea las mujeres que se concentraron en el exterior del Palacio Legislativo la mañana del lunes 25 de enero de 2022. El mismo cuestionamiento dirigen al presidente de la República, Guillermo Lasso.

“Las niñas son niñas, las niñas no son madres”, fue una de las consignas del movimiento feminista. Las pancartas que se colocaron sobre el piso, al inicio de la jornada de protesta, tenían otros mensajes como “Aborto legal, seguro y gratuito”, “Por una ley justa y reparadora” y “No te obligamos a abortar, no nos obligues a parir”.

Los pañuelos verdes no se colocaron frente a los celestes. Las consignas que se oponen al aborto no se escucharon afuera del Legislativo, mientras las activistas gritaban que “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”.

Los resultados de una encuesta de Cedatos, realizada en el 2021, dicen que el 69% de las personas está a favor de que el aborto por violación sea legal. El 76,3% no está de acuerdo con que una mujer vaya a la cárcel en caso de haber abortado.

Del otro lado están los grupos conocidos como provida. Ellos decidieron posponer las actividades y movilizaciones que tenían planificadas ayer, en varias provincias, para la próxima semana, en la que se prevé la votación presencial en el Pleno del Legislativo. Así lo indicó Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador.

Por ello, 30 organizaciones que rechazan el aborto para víctimas de violación lanzaron un pronunciamiento público para manifestar su rechazo a la normativa y “a cualquier otro proyecto de ley que vaya en contra de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ecuatorianos por nacer”, dice Villafuerte.

El pronunciamiento plantea la posibilidad de evitar el aborto para víctimas de violación a través de una consulta popular. Además, considera que es necesario revisar las atribuciones que la “Corte Constitucional ha demostrado en los últimos años, en su extralimitado actuar”.

Desde varias ciudades del país llegaron ayer a la Asamblea las organizaciones, colectivos, mujeres, feministas, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mujeres con discapacidad y personas de las disidencias sexuales. ¿Su pedido? Una ley de aborto justa y reparadora para las víctimas de violación.

Cristina Cachaguay, de Mujeres por el Cambio, dijo que exigen a la Asamblea cambiar la historia de los derechos de las mujeres. “En nuestro país, las niñas siguen siendo obligadas a ser madres. En el 2019, que empezó el debate, la Asamblea Nacional lamentablemente no estuvo a la altura y hoy pueden cambiar esa historia porque permitieron que más de 3 000 niñas sigan siendo madres, producto de una violación”.

Las mujeres rechazan el pronunciamiento de Guillermo Lasso, quien anunció que vetaría la ley, que aún no ha sido aprobada. “¿A cuenta de qué?”, se pregunta Cachaguay. “Les decimos a la Asamblea y al Presidente, ¿de qué lado de la historia van a estar?, ¿del lado de los violadores o del lado de las sobrevivientes de la violencia sexual?”.

El no haber debatido la ley “es una burla de la Asamblea”, dice la representante de Mujeres por el Cambio. “Ahí entendemos que las cuotas políticas se están viendo. Lamentamos que los debates que hemos venido aportando dentro de la Comisión de Justicia no se tomen en cuenta”.

Entre el humo verde que se expandió en la calle Piedrahita, ayer caminaron incluso militantes católicos. Ignacio López Vigil, representante de la Red Ecuatoriana de Fe, dijo que los mejores teólogos cristianos como Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, San Buenaventura y San Agustín nunca mencionaron que había vida desde la concepción. “Al contrario, dijeron que tenían que pasar muchas semanas para que Dios diera el alma”.

López Vigil sostiene que “ni los varones ni los pastores ni los curas ni el Papa tienen que decidir qué hace una mujer cuando ha sido violada”. Una mujer violada, dice, tiene “todo el derecho cristiano -un derecho por ley y por fe cristina- a interrumpir un embarazo no deseado”.

Entre pancartas y consignas a favor del aborto, ayer permaneció una voz que, tras cinco años de impunidad, no se apaga. La voz de Ruth Montenegro dice que una ley de aborto para víctimas de violación no obliga a nadie a abortar y tampoco tiene por qué obligar a nadie a parir el fruto de una violación.

En el 2016, su hija, Valentina Cosíos, fue agredida sexualmente y luego asesinada dentro de su escuela. Por eso fue -dice-, en nombre de las niñas que sufren lo mismo y que, después de haber sido violadas, fueron obligadas a ser madres.