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En 94% de auditorías se halló un mal manejo de recursos públicos en la pandemia

La Contraloría ha aprobado 269 informes de exámenes especiales, derivados de las auditorías a la emergencia sanitaria. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Contraloría General del Estado presentó el Reporte de Control Público. Se trata de una herramienta que sistematiza las falencias recurrentes en los procesos de contratación efectuados para responder a la emergencia sanitaria

La entidad de control señala este miércoles 22 de septiembre del 2021 que apenas 6% de las auditorías analizadas no arrojaron hallazgos sobre incumplimientos legales en la administración de los recursos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia

La Contraloría ha aprobado 269 informes de exámenes especiales, derivados de las auditorías a la emergencia sanitaria. 

Para construir este Reporte de Control Público se seleccionó, aleatoriamente, una muestra de 103 informes generales, de acciones de control a agencias de regulación y control, hospitales de la red pública de salud, instituciones adscritas al Ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, empresas públicas, banca pública e instituciones de educación superior.  

El análisis de las contrataciones concluyó que la falta de transparencia en el uso de recursos públicos fue el incumplimiento legal más frecuente. 

Los funcionarios no han publicado oportunamente declaratorias de emergencia, contratos, informes parciales de la ejecución, facturas y órdenes de compra, en el portal del Sistema Nacional de Contratación

Tampoco elaboraron estudios de mercado ni buscaron procesos anteriores de los mismos bienes o servicios a adquirir, con el fin de identificar proveedores que garanticen los mejores costos y condiciones beneficiosas para el Estado. 

Entre otras anomalías, se identificó que los contratistas incurrieron en inhabilidades, ya que no contaban con los permisos para distribuir o fabricar insumos y dispositivos médicos de protección contra el virus. 

En otros casos, no estuvieron inscritos en el Sistema Nacional de Compras Públicas, en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) ni constaban en el Registro Único de Proveedores (RUP). 

Estas irregularidades, dijo Contraloría, derivaron en que las instituciones públicas paguen precios más altos por bienes y servicios, en relación con los valores del mercado o frente a los pagos efectuados en procesos de contratación anteriores.

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