Las licencias biológicas limitan la investigación
El Inabio mantiene 42 convenios de investigación con instituciones en 12 países, principalmente de Europa y América.
La cantidad de permisos y las exigencias legales desalientan a los científicos extranjeros a venir al país a realizar sus estudios.
La biodiversidad que existe en Ecuador atrae a investigadores de todo el mundo, quienes vienen al país para estudiarla en laboratorios nacionales o se llevan los ejemplares a analizarlos en el extranjero.
El reciente caso de un supuesto biólogo japonés, que intentó trasladar insectos sin los permisos necesarios, ha puesto en el centro de atención las facilidades que hay para la investigación científica y los controles que se realizan para evitar el tráfico ilegal.
Según el Ministerio del Ambiente, desde enero hasta marzo de este año, la entidad ha emitido 35 autorizaciones de investigación para flora y fauna silvestre. Este documento faculta a investigadores nacionales y extranjeros a recolectar especímenes de flora y fauna silvestre en el territorio nacional. Además, actualmente se encuentran suscritos 99 contratos de acceso al recurso genético con fines de investigación en el país.
A través de estos contratos, que se los realiza con las instituciones de investigación, se permite “la recolección de especímenes de especies y la utilización del recurso genético y/o sus productos derivados para fines exclusivamente de investigación científica con el fin de promover, proteger y garantizar la conservación de la biodiversidad, a través de la utilización sostenible de los recursos biológicos y genéticos”.
Estos documentos, más una autorización de movilización, son necesarios para el proceso de obtención de la autorización de exportación con fines de investigación científica. Además, se pide la presentación de otros requisitos como especificar el objetivo de la exportación, número total de muestras a exportar y el compromiso que asume la institución responsable por el retorno de los duplicados al país.
Lenin Núñez, asesor del área jurídica del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), explica que, en el caso de los extranjeros, cuando requieren hacer investigación científica en el país deben buscar una institución nacional de apoyo como universidades, institutos o museos.
El Inabio es una de estas instituciones. Actualmente, cuenta con 42 convenios de investigación en 12 países, en los que se incluye EE.UU., Inglaterra, Bélgica, España y Alemania. Este proceso, para Núñez, permite que haya una coordinación que ayuda a que se rompa el esquema del tráfico ilegal.
La cantidad de permisos y el proceso que se exige que cumplan los biólogos e investigadores extranjeros muchas veces los desalientan a venir al país a realizar sus estudios. Esto ha llevado al debate de si estos requerimientos ayudan a proteger la biodiversidad u obstaculizan la investigación.
Diego Inclan, director ejecutivo del Inabio, dice que este es un planteamiento que está ocurriendo a escala mundial. Con instrumentos como el Protocolo de Nagoya, el cual se creó para la protección de los recursos genéticos de los países, existe la postura de un sector que afirma que esto, en realidad, complica el acceso a la investigación y no combate a la verdadera biopiratería.
Con los procesos administrativos locales puede ocurrir lo mismo. Inclan cuenta que muchas veces los investigadores extranjeros de flora y fauna deciden ir a otros países, no porque en estos haya mayor biodiversidad, sino porque en Ecuador puede ser más complicado obtener los permisos.
El objetivo del Inabio es facilitar, a través de los convenios, las conexiones para que vengan al país y realicen la investigación legalmente. Además, dice, es necesario promocionar las formas en las que se puede lograr estos convenios.
Esto servirá para que los investigadores sientan confianza de venir al país, ya que su presencia beneficia a las instituciones nacionales porque significa contar con más capital humano para desarrollar los análisis y estudiar la biodiversidad del Ecuador.
Álvaro Barragán, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), concuerda en que la cantidad de controles que se hacen a los biólogos han causado que muchos no quieran venir al país. Además, dice, la noticia del supuesto investigador japonés ha causado alerta en el extranjero.
Para Barragán, es necesario que “no se ponga en el mismo saco” a traficantes de animales con biólogos. En este caso, esta persona de nacionalidad japonesa no estaba asociada a ninguna institución local, por lo que no se debería difundir que es un investigador, considera.
“Los objetivos de las leyes deben ser el control del tráfico de especies y la biodiversidad, pero lo que estamos haciendo es poner frenos a la investigación científica”, dice Barragán. Este investigador, especialista en insectos, cuenta que ha tenido problemas por los requerimientos que se le han exigido, que pueden ser factibles con otros grupos de animales, pero no de la misma manera en su campo de estudio.
Uno de los requisitos para obtener los permisos es notificar el número de especímenes colectados. En el caso de los insectos esto se complica, ya que se llega a obtener miles de ejemplares y es un proceso que no se puede hacer en un solo día. Si se da un estimado, dice el investigador, esto es motivo de que, si hay algún tipo de conteo posterior o revisión, se pueda caer en infracción, como lo que le sucedió en el pasado.
“Nosotros, que declaramos todo, es a quienes nos ven las costuras y los detalles que son irrelevantes en investigación, mientras que los traficantes nunca van a pedir un permiso y sacarlos afuera”, dice.
En el caso del hombre de nacionalidad japonesa, se logró hallar los especímenes en su equipaje antes de que dejara el país. Se espera que estos sean llevados a un museo de historia natural para que formen parte de su colección.