10 personas han sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por agredir físicamente a agentes metropolitanos de tránsito.
Un fiscal pidió el jueves 15 de julio de 2021 a un tribunal del Vaticano que condene a un sacerdote a seis años de prisión por abusos sexuales a jóvenes de un seminario.
Las historias de dos mujeres se detallan en el informe sobre criminalización del aborto en Ecuador, presentado por Human Rights Watch, denominado “¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir?”.
Un total de 1 880 informes con irregularidades siguen en indagación previa. En el área contenciosa hay otro nudo.
El juez Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, anuló este lunes 8 de marzo del 2021 todas las sentencias de cárcel dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ahora deberá ser juzgado por tribunales federales.
Una corte antimafia de El Salvador condenó a 128 pandilleros a penas de entre tres y 415 años de prisión por delitos como homicidio y organizaciones terroristas, informó este viernes 5 de marzo del 2021 la Fiscalía General de la República (FGR).
El Tribunal de Casación, conformado por los jueces nacionales Javier de la Cadena (principal), Iván Saquicela e Iván León, escucharon este miércoles 23 de diciembre del 2020 los argumentos de los defensores de las personas que tienen condenas por el caso ‘Pases Policiales’, quienes solicitaban que se cambien las sentencias condenatorias de 15 personas, acusadas por delincuencia organizada.
Este martes, 15 de diciembre del 2020, se tenía previsto empezar la impresión de más de 52 millones de papeletas para la primera vuelta de las elecciones del 7 de febrero del 2021.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ha convertido en un actor importante durante el desarrollo de la etapa electoral en Ecuador. Hasta este 13 de noviembre del 2020 ha emitido al menos seis sentencias que, en algunos casos, ha obligado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a rever varias de sus decisiones, en pleno calendario electoral en marcha.
La Fiscalía informó que en tres casos de violación sexual a menores de edad se emitieron sentencias mayores a 20 años de cárcel.
A dos años de que fuera aprobada en consulta popular la denominada “muerte civil” de autoridades involucradas en casos de corrupción, la medida aún no surte efectos en la escena política.
El reformado Código Integral Penal (COIP) fija nuevos delitos y sanciones penales. Pero mantiene las normas en temas como la violación sexual en contra de menores de edad. Otras reformas son que el uso del cannabis con fines terapéuticos ya no es un delito. Tampoco se permitirán rebajas penitenciarias para quienes cometen delitos graves como asesinato, femicidio, violación o hechos de corrupción.
Unos 373 miembros, testaferros y colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS13) fueron condenados en El Salvador por una corte antimafia, resultado que fue catalogado como "histórico" por la Fiscalía General de la República (FGR) pese a los señalamientos por no procesar a políticos vinculados, informó este viernes el órgano Judicial.
El informe consta de 10 páginas. Allí se detallan las razones por las que 24 de 36 magistrados no aprobaron la evaluación a la Corte Nacional.
Para los abogados en libre ejercicio es preocupante que 24 de 36 jueces nacionales no haya pasado la evaluación que implementó el Consejo de la Judicatura. Los resultados, dados a conocer el viernes, evidencian deficiencias en la preparación de los juzgadores, según tres juristas consultados por este Diario.
El vienes 25 de octubre del 2019 se conoció que 24 de 36 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que fueron sometidos a una evaluación, no aprobaron el proceso.
El centro de Barcelona se sumió en el caos la noche del viernes 19 de octubre del 2019 con enfrentamientos violentos entre radicales independentistas y la policía, al cierre de una multitudinaria marcha en la quinta jornada de protestas contra la condena impuesta a líderes separatistas.
La información no era comprobable, pero se incluyó en los expedientes legales. A nueve años de la insubordinación policial del 30-S, los procesados aún recuerdan cómo los jueces aceptaron pruebas presentadas por la Fiscalía.
Dos años después de que se abriera la investigación, siete personas fueron condenadas a tres años de cárcel por el delito de asociación ilícita.
La reforma al Código Integral Penal (COIP) incluye un cambio en la figura legal de la prelibertad.
