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Tres informes de Contraloría llegaron a sentencia desde 2011

La Fiscalía registra que desde 2011 hasta ahora se han iniciado 2 777 investigaciones como producto de informes de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los resultados de los exámenes de la Contraloría caen en saco roto. Así lo reflejan datos del organismo de control y de la Fiscalía General del Estado respecto a informes con indicios de responsabilidad penal y glosas.

La Fiscalía registra que desde 2011 hasta ahora se han iniciado 2 777 investigaciones como producto de informes de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría. De ese número, tres tienen sentencia (una absolutoria).

Otras 1 880 causas siguen en investigación previa, 707 en la etapa de juicio, evaluación y preparatoria de juicio, 110 en instrucción fiscal, lo que marca el inicio de un proceso penal. El peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión, son los delitos con mayor recurrencia.

Pese a que la Contraloría registra que desde enero del 2007 hasta el 31 de mayo de 2021 emitió 3 205 informes de este tipo, en los archivos de la Fiscalía solamente “reposa información sistematizada a partir del 2011”, indicó la titular de la institución, Diana Salazar, en un oficio enviado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Es decir, no se conoce el estado de 428.

En los últimos 14 años la Fiscalía ha tenido siete autoridades. Washington Pesántez estuvo entre noviembre de 2007 y julio de 2011. “Me extraña que digan que no tienen información. Eso implica que no tenían un archivo adecuado, que sí existía en mi Fiscalía… se podía saber en cuestión de segundos el estado procesal”, expresó Pesántez.

Después de Pesántez, asumió Galo Chiriboga, por seis años. Carlos Baca Mancheno estuvo 11 meses hasta que fuera destituido por la Asamblea en abril 2018. Otros tres tampoco duraron ni un año.

En los casos de fuero de Corte Nacional, la acción pública penal corresponde al titular de la Fiscalía. Salazar, quien encabeza esta institución desde el 8 de abril de 2019, ha impulsado 37 investigaciones previas en dos años.

Pesántez explicó que, en algunos delitos, la fase preliminar puede durar seis meses y, en otras, hasta un año, aunque matiza que la Ley tampoco le obliga a la Fiscalía a cerrar la investigación si no se cumplen estos plazos.

“Pero hay que tomar en cuenta algo que es fundamental: Contraloría, especialmente en mi tiempo, remitía informes con responsabilidad penal por algún faltante de una cantidad mínima, cuando bien podía haberse iniciado la acción administrativa”, anota.

De 1 700 entidades con informes de este tipo, la mayor cantidad se concentra en los gobiernos locales (municipios, prefecturas), Comisión de Tránsito del Guayas, Corporación Aduanera Gerencia Distrital VI, Petroecuador y el Banco de Fomento.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea abrió una investigación al respecto. Su presidente, Fernando Villavicencio, sostiene que lo sucedido con exasambleístas como Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, enjuiciados por delincuencia organizada, “pone en la superficie un mecanismo de operación político-judicial” para que no se apliquen sanciones.

“No puedo hablar de la actual Asamblea, porque recién estamos empezando, pero un mecanismo recurrente en varios GAD es la presencia del legislador provincial como un elemento aglutinador de favores”, señaló.

Según Villavicencio, el Ejecutivo, por lo general, pacta con los legisladores provinciales y eso se traduce en el control de determinadas instancias de poder local, con familiares de legisladores que acaban trabajando como funcionarios de las unidades de auditoría de la Contraloría en las provincias, y otros cercanos a los partidos locales.

Otra de las acciones de la Contraloría tiene que ver con las glosas. Según la entidad, entre 2007 y mayo de 2017 se desvanecieron 4 170 glosas, que suman 844,8 millones.

En cuanto a las resoluciones, el organismo señaló en un oficio enviado a Fiscalización que “es posible que una buena cantidad de dichos instrumentos no puedan ser entregados debido al incendio ocurrido en su sede el 12 de octubre de 2019”.

El excontralor Marcelo Merlo y el exprocurador, Gustavo Medina, concuerdan en que uno de los cuellos de botella para la ejecución de las glosas se ubica en el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que todas las resoluciones de la Contraloría son susceptibles de impugnación por esta vía judicial.

Lo que ocurre, asegura Merlo, es que “ese tribunal tiene una gran carga procesal y los procesos en esta institución lamentablemente demoran mucho tiempo”. Las exautoridades creen que la Contraloría sí tiene respaldos para la información.

“Hay una coyuntura histórica para encontrar las posibles irregularidades que se hubieran cometido en cuanto al desvanecimiento de glosas. Va a tener un rol trascendente la Fiscalía”, dijo Medina. De hecho, la Fiscalía ya abrió una nueva investigación penal en contra de Pablo Celi.

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