La Fiscalía investiga en la Contraloría el desvanecimiento de una glosa de USD 112 millones a favor de la empresa de telecomunicaciones Claro.
La fiscal general, Diana Salazar, hizo público el inicio de esa indagación el lunes 21 de junio del 2021, durante una audiencia en la Corte Nacional. Cinco días después de conocer ese hecho, Claro emitió un comunicado.
Allí explica que, en febrero del 2015, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) realizó un proceso de asignación de un espectro adicional para las operadoras privadas de telefonía móvil que operan en el país.
Durante el 2018, la Contraloría General realizó un examen especial contra funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y de la actual Arcotel. En ese análisis se estableció inicialmente “una predeterminación de glosa contra estos funcionarios públicos debido a una presunta omisión metodológica en la fijación del precio de las frecuencias”, detalla el comunicado.
Sin embargo, luego de evaluar las pruebas que se aportaron para validar ese proceso, la Contraloría desestimó esa predeterminación de glosa. Así lo indicó la empresa Claro este 25 de junio del 2021.
Esta compañía dice que “no tuvo participación ni injerencia en la determinación de las condiciones económicas, técnicas y legales para la asignación de espectro”.
Además, asegura que cumplió con todas las condiciones determinadas por el Estado en ese proceso y que la asignación del espectro estuvo apegado a la ley.
Dentro del caso Las Torres, en el que está procesado el contralor Pablo Celi por presunta delincuencia organizada, la Fiscalía presentó como evidencia, durante una audiencia, un chat entre Celi y una exfuncionaria del ente de control.
En un mensaje, esa exfuncionaria le dice “jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aún en el caso de Claro que sé que está en la Fiscalía”.