En nueve horas 25 clientes del banco perdieron entre USD 300 y 500 de sus cuentas. Los robos sistemáticos ocurrieron el anterior martes en un cajero automático del sector de El Bosque, en el norte de Quito.
La mañana de ayer un juez de la Unidad de Flagrancia de Quito dictó prisión preventiva en contra de Marco S. por el presunto delito de estafa. Agentes de la Policía Judicial de Pichincha (PJP) lo detuvieron la madrugada del jueves último en Huaquillas (El Oro).
Desde 3 de agosto de 2011, la Contraloría General del Estado realiza un examen en el Ministerio de Finanzas a la herramienta informática e-Sigef y su implementación a escala nacional, que permite realizar vía Internet los pagos del sector público.
Las cinco funcionarias detenidas en Ambiente redactaron la denuncia del desvío de fondos. Ellas ahora buscan defenderse. Aquí sus versiones. A. Lucía E. (nombre protegido) siempre le gustaron los números, por eso estudió Contabilidad. El 1 de agosto de 2011 ingresó al Área Financiera del Ministerio del Ambiente. Por su desempeño, el 23 de mayo pasado le comunicaron verbalmente que la ascenderían a contadora general. Un día después subió a un auto blindado, esposada y vigilada por dos policías fuertemente armados, por la presunción de desvío de USD 7,6 millones en esa Cartera.
Por su red de datos se han movido hasta ahora unos USD 85 000 millones de dólares del Presupuesto General del Estado. Es el Sistema de Información de Gestión Económica y Financiera (e-Sigef), que permite realizar vía Internet los pagos del sector público.
El Ministerio de Finanzas reaccionó hoy a las declaraciones que hiciera ayer la asambleísta de Sociedad Patriótica, Silvia Kon, sobre presuntas estafas millonarias al Estado a través de transferencias electrónicas. Kon, en una entrevista en Radio Democracia, aseguró que el Sistema de Administración Financiera (eSIGEF) que usa el Estado para hacer pagos mediante transferencias electrónicas habría permitido supuestamente el desvío de fondos, cuya cifra podría ser “colosal”. Se refirió a desvíos como los registrados en el Ministerio de Ambiente donde se detectaron estafas al Estado por USD 5 millones. Hoy, la cartera de Estado afirma en un comunicado que la herramienta “desde su origen ha transaccionado más de 85 000 millones de dólares, es un sistema de registro transaccional para la gestión financiera pública, basado en plataforma web como los que poseen los principales gobiernos del mundo”. Aseguró que el sistema nunca ha sido hackeado y que es sometido permanentemente a procesos de se
Millones de dólares han podido desviarse de las cuentas del Estado a través de un inadecuado manejo del sistema de pagos del Gobierno, Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGF). La cifra podría ser colosal.
El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas encontró culpables del delito de estafa a tres ex funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), sucursal Muisne. La acción legal se inició en junio del 2011. Un grupo de pescadores artesanales y agricultores de Sálima y otras comunidades apartadas, aparecieron como deudores. Habrían recibido créditos de entre USD 2 000 y USD 5 000. Ellos lo negaron y pusieron la denuncia. El trámite se realizó en la Fiscalía del cantón Atacames. La Comisión de Transparencia que investigó el caso dijo que se trataría de una supuesta red de estafadores que operaba al interior del banco. Entre los involucrados en el caso está el ex gerente de la entidad bancaria. A uno de los procesados se lo declaró inocente del supuesto delito. El fiscal que siguió el caso, Gorki Ortiz, pidió de 6 a 9 años de reclusión mayor extraordinaria. La audiencia se realizó entre el 15 y 19 de junio, en Esmeraldas. De acuerdo con la Ley, el Tribunal tiene tres días para e
Desde el correo noreply@sonico.com, que aparece en las computadoras con el nombre Banco Pichincha, está llegando un mail que anuncia un premio de USD 10 000 a los clientes de la entidad. El mail tiene las mismas características de las notificaciones que llegan cuando un cliente realiza una transferencia o un pago por facturas inscritas o tarjetas de crédito.
La audiencia de formulación de cargos en contra de seis supuestos implicados en el caso de la inmobiliaria del Grupo 10 terminó esta mañana en altercados. Afectados por esta supuesta estafa agredieron a los investigados por mal manejo de dinero en la compra y venta de bienes inmuebles.
Al mirar el estado de cuenta de su tarjeta de crédito se sorprendió. Debía cancelar USD 1 200 por una compra que ella no había realizado. Según el detalle del banco, Isabel (nombre protegido) supuestamente había adquirido una computadora y accesorios en Miami, sin que hubiera salido de Quito. La joven de 28 años nunca ha estado en EE.UU. ni ha hecho transacciones comerciales por Internet, había sido estafada.
A fin de que no caigan en otra forma de estafa que se viene dando desde hace algunos años, pero que nadie ha comentado, les cuento del ingenio y audacia que tienen estos estafadores.
La Fiscalía del cantón Santa Rosa (sur de El Oro) abrió una instrucción fiscal por el delito de usura contra Mercedes E., de 62 años, y su hijo Edison O. Ambos son indagados por presuntamente prestar dinero y cobrar intereses por fuera del sistema financiero. Los presuntos perjudicados, unas 30 personas, presentaron denuncias por cobros no pactados. Según los denunciantes, Mercedes E. les habría hecho firmar letras en blanco a cambio de la entrega de un monto determinado de dinero. “Luego ponía cantidades diferentes al dinero del préstamos que habíamos acordado”, mencionó una de las denunciantes al noticiero de Ecuavisa. Con la presencia de la Policía, la fiscal a cargo del caso, Paola Vivanco, allanó la vivienda de la mujer, la tarde de ayer. En la vivienda un grupo de agentes de Criminalística halló letras de cambio por valores de entre USD 10 000 y 60 000, además de cheques, y letras de cambio en blanco. Según la Fiscal, el monto de las deudas de los acreedores de la acusada de usur
Lydia Celi escuchaba la publicidad insistente en la radio. Billetes económicos para viajar a Ecuador. No se lo pensó dos veces y acudió a la agencia de viajes 'V & L Travel', ubicada en Leganés, una localidad al sur de Madrid. La empresa, propiedad de la ecuatoriana Viviana Arévalo, le vendió cuatro billetes -para ella y sus tres hijos- por 3 323 euros. El viaje de ida fue posible, pero el de regreso nunca ocurrió. Ya en Ecuador, la aerolínea le informó que la agencia no había pagado el segundo trayecto. La compatriota pidió a su esposo -que se encontraba en España- acudir personalmente a averiguar. Byron Tasaca encontró la oficina cerrada y una decena de compatriotas que reclamaban el engaño entre desesperación y lágrimas. “Me siento estafada”, señala Lydia, que tuvo que regresar por su cuenta con una hija previo desembolso de 1 480 euros. Aunque ha conseguido dinero para cubrir el pasaje del hijo mediano que arribará la próxima semana a Madrid, su primogénita sigue en Ecuador, "no te
La Fiscalía del Guayas prosigue con la indagación de un caso de presunta estafa electrónica, denunciado hace cuatro meses por el Consulado de EE.UU. en Guayaquil. El Cuerpo diplomático estadounidense denunció que desconocidos se habrían tomado el nombre del Consulado para pedir dinero por negociaciones ficticias de bienes inmuebles. La fiscal que lleva la indagación previa, Patricia Morejón, explicó cómo operaban los estafadores: “si usted pone una vivienda en venta, le llega un correo electrónico a su cuenta (la que puso como contacto en el anuncio de venta del inmueble) que dice que la Misión diplomática está interesada en adquirir ese bien. Para ello se pide que se deposite un dinero a través de Western Union o DHL (servicios de encomiendas) u otro medio”. Ese dinero debía servir, supuestamente, para reservar una cita con el Cónsul. Esta mañana debía realizarse en el Juzgado III de Garantías Penales de la Corte de Guayaquil la audiencia de formulación de cargos contra el único acusa
La Dirección Regional Centro Uno del Servicio de Rentas Internas advierte que “gente inescrupulosa se está tomando el nombre de la entidad, fingiendo ser funcionarios y servidores para maliciosamente pedir información económica, comercial y personal de los contribuyentes”.