Quito perdió a su ‘Rey del Trompo’
Los puntos de vacunación de Ibarra, en Imbabura, pre…
Lasso acepta reunión con Pachakutik, una vez que ret…
Superintendencia autorizó venta en Ecuador de Inpaec…
Concurso para Contralor y caso de Fausto Murillo pro…
John McAfee, creador del antivirus McAfee, hallado s…
Nueva York pone fin al estado de emergencia por la m…
Las tradicionales Octavas de Corpus de Mocha se inmo…

Concesiones o privatizaciones

Probablemente, para disminuir la necesidad de endeudamiento del país – no para seguir malgastando- y evitar los ajustes económicos inherentes a un posible acuerdo con el FMI, se ha planteado una posibilidad de obtener liquidez, cediendo a la empresa privada la explotación de las empresas telefónica y eléctricas del Ecuador.

Sin que se conozcan los soportes técnicos que avalen seriamente esta idea, ni las tasas internas de retorno de las empresas públicas, se menciona precipitadamente una cifra de USD 24.000 millones que lograría el fisco de estas operaciones, de los cuales 4.000 correspondería a la concesión de la gestión administrativa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Si bien este anuncio gubernamental no es univoco – como debe ser- puede ilusionar a la gente para promocionar una opinión favorable sobre algo que aparenta ser demasiado bueno para ser cierto.

No se sabe si detrás de estas afirmaciones hay el soporte de los estudios anunciados que se estaría haciendo un equipo técnico del BID y de la CAF ni cuál es el criterio del Ministerio concernido como el de Telecomunicaciones.

Todo esto crea una confusión que perjudica a la conducción de las cuestiones de Estado.

Al ceder al sector privado la gestión del negocio telefónico que ya está en marcha estaríamos privatizando su administración por varias décadas.

Es como alquilar la CNT para que una empresa privada la explote y consiga la rentabilidad suficiente que amortice el dinero que pagará por el alquiler a la firma del contrato –en este caso los USD 4.000 millones- en un plazo a negociar, factor este que se anuncia como clave para la adjudicación.

Pero el lucro que es normal en una empresa privada se verá constreñido porque se intenta que el Estado ecuatoriano fije las tarifas que se cobrarán al usuario, lo cual dificultará la negociación hasta encontrar un sistema automático aceptable para las partes.

De otro lado, la empresa privada, si es competente, administrará en forma eficiente, bajando los costos, subiendo los ingresos e innovando para competir con las telefónicas grandes.

Debido a que el Estado no es un buen administrador no es conveniente que sea empresario, pues siempre va a ser ineficiente, por la injerencia del clientelismo político que ocasiona exceso de personal y porque los servidores públicos tratan a la empresa estatal como algo que es de todos y no es de nadie y esto es fuente de incompetencia.

Admitiendo que la privatización de la gestión no es mala idea es necesario hacer un proceso limpio, con participación de asesores internacionales de la CAF y del BID, mediante licitaciones transparentes, a fin de que entre una nueva empresa grande a competir con las existentes en forma leal, aunque será difícil que alguien venga a arriesgar su dinero en un país tan desordenado.