Farith Simon

Vidas menos importantes

La muerte de Santiago Loza, quien al momento de su asesinato era director de la cárcel de El Inca, debería considerarse como responsabilidad del Estado. Por un lado están los culpables, los autores: los sicarios que dispararon y quienes contrataron u ordenaron la muerte; pero parece que existe una clara omisión porque no contaba con protección alguna, pese al contexto actual y a las amenazas diarias de las bandas criminales. El Estado era tan responsable de la integridad del señor Loza, como lo es de cada una de las personas que se encuentran bajo su custodia.

Existen formas diferentes de clasificar a las obligaciones estatales, una de estas es la que diferencia obligaciones de resultado y de medio. Las primeras, las de resultado, son evaluadas en cuanto al cumplimiento de lo esperado, así solo existe dos opciones posibles: si se obtuvo el fin, se cumplió con la obligación; si no se logró, no se la cumplió.

Las segundas, las de medio, implican que se evalúa las medidas que se toman para obtener el resultado y no es posible asegurar que se lo alcanzará. El Estado no podíae asegurar que el señor Loza no sería asesinado, pero era claro por el trabajo que realizaba y lo sucedido en estos meses y años, que necesitaba contar con protección adicional frente a una amenaza inminente.

Todos los días vemos como recursos estatales se usan para proteger, transportar, cuidar o acompañar a funcionarios de niveles menores, quienes no tienen riesgo especial o adicional al que cualquiera de nosotros enfrentamos, mientras otros, que están en riesgo por lo que hacen, no cuentan con protección.

No siempre se trata de falta de recursos, muchas veces es un problema de su uso y de la asignación de prioridades, porque queda claro que algunas vidas parecen importar menos que otras, y por lo que sucedió con el señor Loza, no solo se tratan como vidas “menos importantes” a las de los los privados de la libertad; en esta categoría parecen también estar algunos funcionariosestatales.