La Junta Bancaria reguló la reforma a la Constitución, aprobada en referéndum, que las instituciones del sistema financiero privado, sus directores y principales accionistas no podrán ser titulares, ni siquiera indirectamente, de acciones o participaciones en empresas no financieras.
La Junta define como “principales accionistas” a los que tengan por lo menos 6% de las acciones de una institución financiera. No solo los bancos, directores y accionistas que controlen los bancos deberán vender sus acciones, sino también grupos inversionistas con posiciones importantes aunque minoritarias en un banco.
Una enorme cantidad de activos deberán ofrecerse en el mercado:
-Los bancos, todas sus empresas no financieras.
-Los accionistas que deseen conservar el control de un banco, todas sus otras empresas.
-Los accionistas principales de bancos cuyos otros negocios sean más importantes, deberán vender las acciones del banco.
-Los empresarios que tengan participación importante en algún banco, las acciones en el mismo.
Todas estas acciones y propiedades deberán salir al mercado, y venderse hasta julio próximo.
Un resultado a prever es que caiga la cotización de las acciones bancarias. Los que tienen posición minoritaria difícilmente encontrarán comprador, salvo a precio muy deprimido, a no ser que oferten sus acciones al menudeo para el público en general.
Las empresas también caerán de valor, al tener que venderse en un plazo corto.
Saldrán capitales, ya que los integrantes del grupo de control de un banco no podrán invertir en otros negocios en el país. Los miembros cercanos de los accionistas de control de un banco, si es que no trabajan en la institución, tendrán que salir al exterior para poder tener algún negocio.
Particularmente controvertida es la decisión de la Junta de excluir a compañías de seguros, administradoras de fondos y casas de valores de la definición de “sistema financiero privado”. En la ley de instituciones financieras, artículo 57, se incluye estas instituciones dentro de la definición de grupo financiero.
El problema es espinoso: al excluir a estas instituciones del sistema financiero, se obliga a los bancos a venderlas. No podrá haber grupos financieros integrados, poniendo a nuestra banca en inferioridad de condiciones ante la banca de otros países que si lo pueden hacer.
Por otra parte, ceñirse a la ley y considerar a estas instituciones como integrantes del sistema financiero obligaría a los accionistas de compañías de seguros, casas de valores y administradoras de fondos, a deshacerse de todas sus otras inversiones.
La propuesta presidencial que el pueblo aprobó por mayoría simple causará un enorme reordenamiento en el mundo financiero y empresarial. Ojalá no resulte en su debilitamiento.