Triste heroísmo del juez
El último dictamen de los magistrados de la Corte Constitucional y la decisión de la jueza Dávila, demuestran que tenemos jueces ordinarios, no por su jurisdicción sino por corrientes, adocenados, rústicos. Claro que no se puede esperar mucho de los jueces si nos atenemos a lo que dijo el filósofo español José Ortega y Gasset: “La justicia mecaniza, falsifica el juicio para hacer posible la sentencia. No es, pues, extraño que del inmenso volumen de la historia universal se puedan espumar tan pocos nombres de jueces inteligentes. Aunque personalmente lo fueran, su oficio les obligó a amputar su propia perspicacia”. Esto que Ortega llama el triste heroísmo del juez tiene un aspecto positivo cuando facilita la convivencia humana, pero exhibe su lado más estrafalario cuando prueba la falta de consistencia, independencia y honradez de los jueces.
Eliminar la enmienda constitucional que declaraba la información como servicio público, aprobada por la Asamblea Nacional correísta hace tres años, es lo correcto, pero los mismos magistrados habían aceptado que esa declaración era constitucional cuando fue incluida en la Ley de Comunicación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, respondiendo a una consulta, que eso puede facultar a que el Estado, decida cómo deben prestar ese servicio a la sociedad los medios de comunicación. Eso mismo había dicho cuando se aprobó la ley y los jueces buscaron resquicios para declararla constitucional. Por esta falta de consistencia hay personas que creen que los magistrados solo trataban de halagar al Presidente de entonces y de quedar bien con el Presidente de ahora. Han demostrado falta de perspicacia porque esta inconsistencia solo facilitará la evaluación negativa y la destitución del cargo.
El otro caso es el de la jueza que levantó la orden de prisión preventiva en contra de un alto funcionario acusado de lavado de activos. Acusan a la jueza de actuar facilitando la impunidad al retirar la prisión preventiva.
La jueza se declara perseguida y con arrogancia dice que la denuncia es errada, falsa y temeraria porque “no decidí sustitución de medida cautelar sino la revocatoria”, como si no hubiera sustituido por la obligación al acusado de presentarse regularmente y llevar grillete.
No tendremos jueces inteligentes, independientes y coherentes, mientras estén sujetos a los vaivenes políticos. Los derechos fundamentales de los ciudadanos no deben ser reconocidos por la voluntad de los políticos o de los jueces sino por actos inteligentes que sean producto de la confrontación de tesis en busca de la verdad, de la independencia para resistir las presiones de los poderes políticos y la solvencia como producto del ascenso exitoso en la carrera judicial. Solo entonces los jueces dejarán de ser un poder socialmente conocido para convertirse en un saber socialmente reconocido.
