Transición

Habiendo transcurrido casi la mitad de su mandato, cuando probablemente luego de los resultados de los comicios del domingo el gobierno vea más debilitada su base política, quizá lo que habría de esperar de esta administración es que se concentre en sus precarios intentos por re-institucionalizar el país y sanear las cuentas públicas, sin aspirar a que se produzca una profunda reorientación que permita, en el futuro, enderezar la brújula hacia una etapa de crecimiento sostenido.

Un aporte fundamental sería colocar las bases para que aquello se materialice en el menor tiempo posible. Pero hace falta identificar los verdaderos problemas y plantear las soluciones adecuadas a los mismos, más no ponerse a soñar y lanzar proyectos que al momento no tienen el mínimo asidero legal y que, de no hacerse en forma previa las correcciones indispensables, terminarían en un fracaso absoluto. Se insiste en emprender en una nueva central hidroeléctrica, cuya ejecución correría supuestamente a manos del sector privado que, mediante concesión, se encargaría de construirla y operarla. Se trata del Proyecto Santiago que, según declaraciones oficiales, se ha determinado que produciría 2500 megavatios. Habrá que estar atentos a los estudios medioambientales de un proyecto de esa envergadura, para que se minimicen los riesgos y el impacto sea el menor posible hacia el entorno.

Pero para arrancar una empresa de este volumen lo primero que tiene que estar claro es el marco jurídico aplicable, ya que con las actuales normas que rigen el sector eléctrico el proyecto fracasaría al primer intento. Si se quiere realmente atraer inversión a ese sector hay que modificar la ley y eliminar todas esas cortapisas que dificultan a los particulares emprender en esos negocios. Tiene que estar clara la posibilidad que los activos físicos de esos proyectos puedan servir de garantía real a los bancos locales e internacionales que financian este tipo de emprendimientos. Así mismo, se debe reformar aquellas disposiciones legales que impiden a los titulares de las concesiones negociar libremente las acciones de las empresas generadoras, evitando así engorrosos procedimientos.

Pero el tiempo se viene encima. Realizar los cambios normativos, preparar la ingeniería básica, convocar a licitación nos pone a las puertas de la terminación del actual mandato. Por lo mismo, una acción responsable sería avanzar todo lo posible; y, llegado el momento, evaluar la conveniencia o no de licitar y adjudicar el proyecto en este mismo gobierno o dejarlo a manos del que le suceda. Igual cosa se puede decir de los proyectos ahora en funcionamiento que, mediante la figura de la concesión, se podría entregar a la administración privada. Lo anterior se aplica sin duda al sector de telecomunicaciones.

Valorar los negocios y licitarlos no es cuestión de semanas ni de apresuramientos, exige un trabajo arduo y responsable que asegure los mejores resultados para el erario; y, sobre todo, de transparencia absoluta para que no deje ningún resquicio a las dudas que ensombrezcan los procesos.

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