La vida es una sucesión constante de momentos y acciones positivas y negativas, los resultados permiten calificar a los individuos y a las colectividades. La corrección, la honestidad, la decencia son atributos que, junto a otros correctos procederes, irradian admiración y confianza al conglomerado. Por el contrario, las actuaciones dolosas, la repetición frecuente de acciones ilegales, la corrupción desembozada y mal disimulada, los nexos obscuros con delincuentes y narcotraficantes, los pasados reprochables e inmorales, constituyen los datos de identificación de ese numeroso grupo que avergüenza al país, pues sus características delincuenciales son su presentación, agravada al tener entre sus dirigentes a exgobernantes y ex funcionarios prófugos.
La infiltración de la narco-política y del crimen organizado, durante varios años, en la asamblea, en la policía, en el ejército, en la justicia y en instituciones gubernamentales, ha forzado al presidente Noboa a declarar la guerra a la inseguridad y al crimen, contando para ello, con el respaldo de militares, de policías, de la población y de la acción valiente de la Fiscal General, para vencer en esta necesaria contienda; mas, el optimismo desmaya cuando, simultáneamente al esfuerzo de todos, por liberar al país de estas lacras que tanto daño le hacen nacional e internacionalmente, el correismo sorprende con la presentación de una lista de reformas al Código Integral Penal (COIP) con artículos que aparentemente mejoran la seguridad, pero que llevan en su interior trampas, que atropellan a la constitución, con la pretensión, de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, de incrementar nuevas causales que hagan posible la presentación del recurso extraordinario de revisión de sentencias penales, mientras esperan un informe favorable a la denuncia que el expresidente prófugo presentó ante el Comité Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado Ecuatoriano “por la violación de derechos y la persecución política, que sufre desde que dejó el poder en mayo del 2017”…… ¿Persecución política?
Estas posibles reformas incluyen una controvertida disposición general única que obliga a los servidores de la función judicial a aplicar de inmediato las sentencias y recomendaciones que emitiría el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana; caso contrario, los funcionarios, serián destituidos, entre ellos los 9 miembros de la Corte Constitucional y la Fiscal General.
Prestigiosos juristas y asambleístas, que captaron el engaño astutamente preparado, para alcanzar impunidad de los sentenciados, en la forzada revisión, no aceptan estas suspicacias, que constituyen una burla al desinformado parlamento y a todo el pueblo, que desconoce estas maniobras propias de vivarachos embaucadores que pretender borrar las fechorías descubiertas. La extraordinaria Fiscal General señala que “se está legislando a la carta. No hay respeto a la separación de poderes. Sin decoro alguno tratan de introducirse en la justicia penal”. Por otra parte, desean terminar con la reserva de la indagación previa y abrir la confidencialidad de las investigaciones de fiscalía, para hacer una investigación paralela, en la Asamblea o en la Contraloría….. ¿Aumentar el número de campaneros? ¿Otra forma de cobrar dinero?
Los asambleístas que son obedientes de la voluntad popular, deben debatir y oponerse a estas obscuras pretensiones y desecharlas, pues la orientación oculta que traen, beneficiaría exclusivamente a quienes no se cansan de sembrar la inmoralidad y la corrupción en el país.