Arabia Saudita, acusada de bombardear sin piedad objetivos civiles en el atribulado Yemen y de amenazar con ejecutar a defensores de derechos humanos, es cada vez más conocido por ser un paria dentro de la ONU.
El secretario general de la ONU, António Guterres no solo condenó los ataques contra civiles, sino que pidió una “pronta investigación imparcial e independiente” sobre algunos de los últimos bombardeos en ese país.
Los bombardeos contra civiles también generaron especulaciones sobre si la coalición encabezada por Arabia Saudita no podría terminar en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra.
Guterres consideró que Yemen sufre “la peor crisis humanitaria del mundo” con tres de cada cuatro yemeníes con necesidad de asistencia humanitaria. Por ahora, la ONU y sus socios lograron llevar asistencia directa a más de ocho millones de personas este año.
Desde 2014 fallecieron 10 000 personas, la mayoría civiles. Pero toda acción drástica contra la coalición, o incluso una investigación independiente de la ONU, probablemente se frustre porque potencias como EE.UU., Francia, Gran Bretaña, proveedores del mercado de armas en Arabia Saudita.
Daniel Balson, director de campaña de AI, dijo a IPS: “Es triste que en Arabia Saudita, los niños y los discapacitados intelectuales no se salvan de ser ejecutados”.
En enero de 2016, las autoridades saudíes ejecutaron a 47 personas en un solo día a pesar de la condena internacional generalizada. Arabia Saudita está acostumbrada a ejecutar mujeres; en 2017, de hecho, fueron dos.
Los funcionarios estadounidenses deben, junto con sus aliados occidentales, prohibir la venta de armas a ese país, no solo desalentar las ejecuciones, porque causan innumerables muertes civiles en Yemen, opinó Balson, al ser consultado por IPS sobre la permanente relación entre los gobiernos de ambos países.
A fines de 2017, AI documentó que una bomba estadounidense había matado y lesionado menores de edad en Sana. Y este mes, los medios denunciaron que otra bomba estadounidense había dejado decenas de niños muertos. “Estados Unidos debe comunicar a las autoridades saudíes que el asesinato de niñas y niños, ya sea desde un avión o a manos de un verdugo, es aborrecible”, subrayó.
Hiba Zayadin, de la organización Human Rights Watch, dijo a IPS que la fiscalía pide la pena de muerte para cinco de los seis activistas en juicio. “No conocemos a ninguna otra mujer que haya sido condenada a muerte por defender sus derechos laborales, lo que podría sentar un precedente peligroso”, indicó.
Si las autoridades saudíes están comprometidas con el proceso de reformas, cambiará su posición, y de no hacerlo, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de pedirle que rinda cuentas.
Columnista IPS