La Organización de las Naciones Unidas (ONU), muy observada por denuncias de abuso sexual y violaciones de derechos humanos contra sus fuerzas de paz, reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de “los más altos estándares de conducta, capacidad e integridad”. Y no hay excepciones a la regla, que se aplica a más de 100.000 funcionarios civiles, militares y policiales en 14 operaciones de mantenimiento de la paz y en 23 misiones especiales en el mundo.
“Los estados miembro que proveen personal a las operaciones de paz de la ONU tienen la responsabilidad de certificar que ninguno estuvo involucrado, por acción u omisión, en violaciones al derecho humanitario internacional ni a los derechos humanos, y no fueron repatriados por motivos disciplinarios estando en una operación de la ONU”, explicó Nick Birnback, portavoz de las Fuerzas de Paz.
El último caso investigado es el despliegue de 49 efectivos de Sri Lanka a la Fuerza Interina en Líbano (Unifil, en inglés), quienes no pasaron por la evaluación, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos local, con sede en Colombo. El Departamento de Operaciones de las Fuerzas de Paz solicitó que “el gobierno srilankés priorice de inmediato la culminación de la investigación de los 49 soldados ya desplegados a la Unifil”, indicó. “En el caso de Sri Lanka, donde hay una preocupación específica por los derechos humanos”, acotó, la ONU implementó medidas de evaluación adicionales en 2016.
Antes del despliegue a la Unifil, la Misión Permanente de Sri Lanka en la ONU entregó certificaciones de que el contingente no había estado involucrado en ninguna violación. “Pero en febrero de 2018, nos enteramos de que la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, la que el gobierno accedió a que se encargara de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos de todo el personal srilankés, no había completado la evaluación cuando comenzó la rotación de la unidad de la Unifil”, explicó.