No me voy a referir a la situación económica o a la pandemia del covid 19 que asola al país. No, me voy a referir a hechos que nos llevan a preguntarnos si más allá de un Estado fallido no será que la sociedad ecuatoriana está podrida.
Una mujer con capacidades especiales, humilde vendedora ambulante en Daule, atada a un poste, rociada con agua, golpeada, y la gente a su alrededor se burla, no hace nada por impedir esa humillación, y además se da tiempo para filmar la escena y subirla a redes.
Un malhechor capturado solamente porque la avioneta en que huía se cayó en el Perú y después deportado al Ecuador, pretende desde la cárcel inscribirse para ser candidato a la Asamblea para elaborar las leyes que él más tarde violará, tras estar involucrado en tráfico ilegal de medicamentos para luchar contra la pandemia.
Un agente municipal en Quito, con solo un tolete y gas pimienta para defenderse, asesinado por una turba de maleantes. Con justicia, los agentes municipales reclamen a sus autoridades por la indefensión en que se encuentran y por el respaldo jurídico que requieren.
Un sentenciado del caso Odebrecht, autor confeso de corrupción, aparece ahora, según la prensa, como Asesor Jurídico en una dependencia del Municipio de Quito. Aquí no ha pasado nada.
Un ex presidente de la República, acusado de una serie de delitos, que se halla en prisión domiciliaria y porta el grillete electrónico, solicita ser candidato a asambleísta para protegerse con la inmunidad electoral. Tres de sus hijos están procesados, igualmente, uno de ellos está detenido los otros prófugos.
Varios delincuentes buscan beneficiarse ilegalmente de la tragedia que viven miles por la pandemia a través de ventas con sobreprecio de material sanitario. Esos delincuentes son empresarios o autoridades públicas.
Se dice que más de cincuenta asambleístas tienen cuentas que saldar con la justicia por la obtención ilegal de carnés de discapacitados y por delitos comunes vinculados a la obtención de cargos públicos para parientes y amigos y por coimas en obras públicas.
Gente que muere por no tener medicinas recetadas por médicos del IESS para sus tratamientos mientras en una bodega de esa institución aparecen cientos de cajas de esos medicamentos caducados por no haber sido utilizados.
¡Un ginecólogo en su primer día de trabajo atiende 18 partos y cuenta que todos son de adolescentes menores de 20 años!
La Cpccs descabezada en dos ocasiones, la primera por tramitar cargos públicos y la segunda por obtención ilegal de carné de discapacidad, no puede cumplir sus tareas: ¡luchar contra la corrupción y nombrar autoridades de control!
¿Habremos atravesado la línea de Estado fallido y estamos viviendo ya en una sociedad podrida? Los buenos somos más, tenemos que reaccionar.