La grosera emboscada que tramó la presidenta (RC) de la comisión de Fiscalización de la Asamblea, no sorprende a nadie, menos a los legisladores de otros partidos o movimientos políticos. Cuando le entregaron a los correístas el control de esa comisión, como parte del “acuerdo de gobernabilidad”, como llamaron a la triple entente (RC, PSC y ADN), fue evidente que ese grupo recurriría a lo que haga falta para quitarse de en medio a la fiscal general, que ha destapado los vínculos deshonestos entre la política, los jueces y el narco.
Felizmente, el armado fue tan torpe (invitar a un prófugo de la justicia a una comisión general para que encare y contamine a la Fiscal), que era imposible que termine de manera distinta a lo que ocurrió: los asambleístas dejaron si quorum la sesión porque se dieron cuenta de lo que les caía encima si eran cómplices de esa barbaridad.
Es que aquello de “mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes” resultó en un gigantesco fiasco frente a la realidad de los 10 años de gobierno de ese grupo. Las mentes lúcidas se convirtieron en medianías y pobrezas intelectuales. De las manos limpias, mejor no acordarse, cuando tienen un exvicepresidente de la República, una expresidenta de la Asamblea, medio gabinete y otros funcionarios enjuiciados penalmente, en las cárceles, refugiados en México y Venezuela y corriendo sobre los tejados. Los corazones ardientes les servirán para acostumbrarse a las llamas del infierno.
A la fiscal Salazar se le reconoce su capacidad, férrea voluntad y valentía para cumplir sus responsabilidades como lo ha hecho. No ha desmayado en investigar y destapar los vínculos entre el narco, el alta política, los jueces, el Consejo de la Judicatura y algunos miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Y falta que se hagan públicos los vínculos que constarían en los artefactos incautados a Glas y en declaraciones de varios personajes que colaborarán con la fiscalía para disminuir sus condenas.
En definitiva, es imperativo continuar respaldando a la fiscal Salazar para que, por sobre su embarazo, complete su labor en los meses de mandato que le quedan; y, simultáneamente, exigir a los jueces que concreten el juzgamiento y sanción de los acusados.