La reforma en Inteligencia
El descubrimiento de una cámara en el despacho presidencial es un buen pretexto para analizar a fondo cómo están operando los sistemas de inteligencia y dónde están sus lealtades. También es oportuno debatir los alcances de las tareas de espionaje y su rendición de cuentas al poder político.
¿Por qué los organismos de Inteligencia no supieron de la existencia del equipo? ¿Puede el Presidente confiar en funcionarios encargados de su seguridad que no le informaron sobre su instalación?
En la última década fueron recurrentes las denuncias de que el sistema de Inteligencia se volvió, en buena medida, un brazo operativo de los intereses del Gobierno.
En el 2015 salió a la luz, por denuncias de la prensa internacional, que la Senain habría adquirido a la empresa Hacking Team el programa de espionaje digital conocido como Galileo. Aunque la entidad negó haber adquirido el software, persisten las dudas sobre los posibles blancos de su operación.
En julio de ese año, el anterior régimen le dio más poderes a la entidad. Vía decreto, se reestructuró la Secretaría de Inteligencia, que el 2016 tuvo un presupuesto de USD 43 millones y opera con 317 funcionarios.
En su última rendición de cuentas, la Senain destaca entre sus acciones haber realizado “barridos electrónicos a nivel nacional, en atención a los pedidos de las diferentes instituciones del Estado”. Estas acciones sirven para detectar, precisamente, el funcionamiento de equipos de espionaje.
Al parecer esto no se hizo en la Presidencia. Es evidente que falló la coordinación entre el Servicio de Protección Presidencial y el organismo de Inteligencia para precautelar información inherente al Primer Mandatario, considerada de seguridad nacional.
Es necesario que el Gobierno emprenda una revisión de los sistemas de Inteligencia y, de ser necesario, inicie una purga; no hacerlo sería una ingenuidad y una oportunidad desaprovechada para poner a esas entidades a tono con los tiempos de austeridad y transparencia.
