Meses atrás en este mismo espacio mencioné que el sector privado era quien debería asumir íntegramente el financiamiento de esta inversión y no el estado. Y este argumento pasaba porque la discusión sobre este tema establecía que el beneficiario principal de este proyecto era el sector privado, aquel relacionado con la actividad portuaria del sur de la ciudad de Guayaquil. Luego de este tiempo se ha seguido hablando del tema, pero lo cierto del caso es que, a pesar de ser algo sobre lo cual ya se ha hablado harto tiempo y que en “teoría” es financieramente viable, nadie ha insinuado con levantar la mano para mostrar interés en la construcción de este puente.
Más allá de las razones que puedan estar detrás de este “no asomar”, creo que es prudente abrir nuevamente el espacio de análisis -aun desde la perspectiva hipotética– a una eventual inversión estatal en este puente. Por ello, es importante identificar ciertas interrogantes que deben ser incorporadas al análisis para rehacerlo nuevamente.
¿Existe en efecto algún problema? ¿Se lo ha identificado claramente? ¿Es este puente la solución única al problema o existen otras alternativas? ¿Cuál es la tasa de retorno social y económica del puente o de alguna otra alternativa como solución del problema? ¿Existe algún otro proyecto distinto a desarrollar en la misma ciudad de Guayaquil o sus alrededores con una tasa de retorno social y económica mucho mayor? ¿Quiénes deben financiar este proyecto y en qué forma? ¿Qué rol tienen en este financiamiento aquellos dueños de las tierras por donde pasaría el puente por la ganancia de capital extraordinaria que obtendrían sus tierras gratuitamente? ¿Cómo haría el Gobierno Central en su rol de inversionista para captar estos últimos recursos si por jurisdicción le corresponden a los GADS?
Ninguno de los estudios que circulan sobre el tema trata estos aspectos, y si en algún momento el estado se anima a invertir es obligatorio revelar sus respuestas, analizarlas y debatirlas.