Hace 22 años, el Congreso Nacional aprobó la Ley del Seguro Social, elaborada por una comisión multipartidista. En ese entonces no se había suspendido el pago del 40% del Estado, ni creado obligaciones no financiadas (atención a hijos de los afiliados, menores de 18 años), ni utilizado los fondos de un seguro en otro.
En esa ley, publicada en el registro oficial No. 465 del 10 de noviembre del 2001, se incluyeron medidas duras y difíciles, pero consensuadas con trabajadores, empleadores, organizaciones nacionales e internacionales. Esta Ley coincide en un 90% con las sugerencias presentadas por la Comisión Especial creada por el Presidente Lasso, orientadas a dar sostenibilidad al IESS; entre las coincidencias consta la propuesta de instaurar un seguro mixto con modelo de reparto y con ahorro individual; la delimitación de la edad de jubilación en 60 años y 30 de aporte al IESS (en el proyecto del 2001 se planteaba dar inicio a esta propuesta a partir del 2006, pero condicionada a un incremento de un año, cada 5 años, de tal manera que en la actualidad estaría en 64 años; no se ha cumplido) .
En el 2001 la Ley establecía que el cálculo de la pensión debía hacerse tomando en cuenta los cinco mejores años de servicio del afiliado, con la obligación de revisarla cada año hasta llegar a los 20 mejores años. Tampoco se ha cumplido.
El proyecto de la comisión presidencial es incompleto, porque no toma en cuenta al otro gran seguro, el de salud, fundamento de la existencia de la Seguridad Social y si, a decir del presidente de esa comisión, entender la problemática de las pensiones les tomó seis meses, es indispensable basarse, en la actualidad, en estudios ya efectuados con anterioridad, para adecuarlos, con urgencia, a la prestación de salud.
No se puede improvisar en salud. El fondo de salud del IESS es deficitario (800 millones al año). Urge la vigencia del Sistema Nacional de Salud, que coordine el funcionamiento armónico de todas las instituciones que brindan estos servicios. En la actualidad se han constituido redes de atención, que permiten el intercambio de pacientes de instituciones públicas, del Ministerio de Salud, del IESS, del ISSFA o del ISSPOL, pero que deben ser perfeccionadas, pues el pago por atenciones prestadas es deficiente y origina una gran crisis en los centros de alta especialidad como SOLCA, Junta de Beneficencia, hospitales y entidades privadas. La base del Sistema Nacional es la atención primaria y la medicina preventiva, lo que abarataría y optimizaría el combate a las enfermedades. Esta integración culminaría con varias irregularidades, como permitir que, de los nueve millones de ciudadanos atendidos por el IESS, apenas tres millones coticen; o que se mantenga la atención gratuita a familiares, menores de 18 años, de los afiliados. Debe incluirse en el Sistema una política pública de atención social para adultos mayores, con su gran carga de afeccionesy para pacientes con enfermedades catastróficas.
Pero toda reforma orientada a salvar a esta valiosa Institución (IESS) se torna fallida, con la decisión del gobierno de recortar el presupuesto con un desfase de 567 millones en el fondo de invalidez, vejez y muerte y 1408 millones del seguro familiar, que el IESS no tiene garantía de recibirlos, por lo que no puede pagar a clínicas e instituciones, que prestan servicios complementarios; además aumenta la imposibilidad de cubrir la falta de insumos y medicinas.
Hay una diferencia de 1313,26 millones de dólares entre lo requerido por el IESS y la proforma presupuestaria (cubre apenas el 65%). Hay reducciones en riesgos del trabajo, en el seguro social campesino, pero lo que llama poderosamente la atención es que para el fondo de salud, que el IESS requiere 782,36 millones de dólares, la proforma señala 0 (cero).
Esta conducta del ejecutivo obligará al IESS a hacer desinversiones (gastar su patrimonio, desinvertir). ¿Quebrar al IESS?
¿Qué pasa con el IESS?