Los miembros de la Asamblea Nacional recién elegidos han hecho atractivas ofertas: dar gobernabilidad al nuevo gobierno, apoyar iniciativas en favor de la seguridad, apoyar proyectos en favor del pueblo, rechazar nuevos impuestos, aprobar la ley de extinción de dominio, reformar el código penal para castigar la extorsión a los negocios y otras ofertas. Algunas son generalidades, otras son ofertas concretas, pero nada cumplirán.
Las ofertas individuales deben ser calificadas por los partidos que lo harán en función de las conveniencias políticas y las relaciones con el gobierno. La nueva Asamblea será afectada, casi de inmediato, por el inicio de la campaña electoral para el 2025.
Lo que convierte en imposible el buen funcionamieento de la Asamblea Nacional es la crisis de representatividad, una enfermedad de la democracia que está en estado grave en nuestro país. ¿Por qué no nos representan los asambleístas si los hemos elegido nosotros en las urnas?
Los ciudadanos no confían en partidos que no practican la democracia, no tienen militancia, no generan líderes y no estudian la realidad nacional. El voto obligatorio por candidatos escogidos por esos partidos ha roto el nexo de los electores con sus representantes.
El ciudadano no alcanza a ver la diferencia entre tantos partidos y organizaciones políticas contaminadas por la corrupción y la mentira que tiene su máxima expresión en la proclamación de derechos que no existen para todos. Empleo, salud, educación, libre movilidad, son derechos consagrados en generosas leyes, pero no llegan al pueblo que no tiene a quién reclamar.
La nueva Asamblea tendrá casi la misma composición que la anterior, los mismos problemas y, en buena medida, las mismas figuras. Las promesas de la Asamblea serán vacías mientras no tengamos institucionalidad. El espectáculo que ofrecen los jueces, el Consejo de la Judicatura el Consejo de Participación Ciudadana es deprimente. El ciudadano decepcionado calla, por el momento.