Si hay dos funcionarios que no deben mentir jamás, son el legislador y el juez porque arrebatan a la sociedad los fundamentos de la convivencia. Si un mentiroso hace las leyes y otro mentiroso se encarga de aplicarlas ¿dónde quedan la igualdad de los ciudadanos y la justicia? Lo que nos ha pasado es descorazonador.
Un juez tramposo ha pedido autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciar a un vicepresidente que ya no es vicepresidente, que ya fue enjuiciado y hallado culpable, ya pasó por la cárcel y salió de ella por obra de otro juez tramposo. Si se pidiera autorización para enjuiciar a Perico de los Palotes, los legisladores tomaran a mal.
Si el juez hizo trampa, la Asamblea más porque sus autoridades se escondieron y los que negaron la autorización para que se haga justicia, menospreciaron la ley y trataron de envolver el engaño en los pliegues del reglamento. ¿Cómo podrán luego hablar de combatir la corrupción?
El acusado también hizo trampa creyéndose por encima del resto de ecuatorianos y confesó la mitad de las acusaciones al huir amparado por la política. También hacen trampa las autoridades mexicanas que se burlan de todos los ciudadanos ecuatorianos al aceptar como huésped de su embajada a la corrupción populista.
En varios países vemos a las autoridades políticas pringadas con la corrupción. Se dejan chantajear, negocian, cambian las leyes, presionan a los jueces, aprueban amnistías, dejan en libertad a los presos y, lo que es peor, les dan la bienvenida de vuelta en la política a los más avezados. En Ecuador vemos con desesperanza a legisladores y jueces coqueteando con la corrupción.
Hace bien la Fiscal en considerar inútil la decisión de la Asamblea que no tiene atribuciones para impedir que la justicia pida cuentas a un ciudadano cualquiera. Fiscalía seguirá pidiendo se convoque a una audiencia para formular cargos, el juez y la embajada anfitriona delatarán de qué lado están y los políticos tramposos seguirán mereciendo el rechazo ciudadano.