En tiempos del correísmo, muchas personas que tenían una trayectoria de defensa de los derechos humanos o se habían presentado como demócratas convencidos, callaron ante la acumulación de poder y ante prácticas abiertamente contradictorias con los derechos humanos, justificándolo en nombre de la defensa de “el proyecto” o de los intereses de la “Patria” y su soberanía, o argumentando que no había que hacerle el juego a la derecha o que “con los otros estábamos peor”. Muchos de ellos, también, guardaron silencio frente a denuncias de despilfarro de recursos públicos y corrupción, facilitadas por la acumulación de poder, el manejo de las entidades de investigación y control o por el silenciamiento de muchos medios y periodistas debido al temor a los ataques semanales, la persecución o juicios millonarios ante jueces que no actuaban con independencia. Algunos se volvieron acérrimos críticos cuando dejaron “el proyecto”, pero el daño estaba hecho, habían contribuido, sigo creyendo que involuntariamente, al autoritarismo y -de forma indirecta- a la corrupción.
El actual Gobierno abandonó muchas de las prácticas autoritarias, pero todo indica que no se desmontaron las estructuras institucionales que permitían o favorecían la corrupción; Lenin Moreno, si tiene algún mérito, fue distanciarse del populismo mesiánico autoritario de Correa; sin embargo, no quiso o no logró, acabar con la corrupción y las redes de intercambio de favores que aúpan o permiten el aprovechamiento de los fondos públicos; difícil saber cuanta responsabilidad tiene en esto, pero que queda claro que finalmente explotó en su cara en un momento en especial sensible, cuando más se requiere confianza en el uso correcto de los pocos recursos que existen.
Quienes, hoy, callan o piden callar frente a los casos de corrupción porque consideran que es “hacerle juego a Correa”, deben recordar que esa es la misma lógica, silenciarse en nombre de fines considerados legítimos, que contribuyó a la acumulación del poder y a la toma del Estado por el correísmo. En este momento no debería ser, para quienes creemos en la democracia y los derechos, un tema el regreso al poder de Rafael Correa, sino la cada vez mayor, y en ocasiones desvergonzada, añoranza de sus peores prácticas políticas, de su discurso autoritario, de su retorcida comprensión de lo democrático y del uso de lo público que representó y representa; por ello cualquier demócrata o defensor de los derechos humanos debería luchar contra esto, porque es más evidente que existe apoyo a esa forma de hacer política, al control de los medios, a la falta de independencia de las funciones del Estado y con ello la legitimación del dispendio, la corrupción y el abuso. Enfrentar la corrupción ya no solo es una obligación apremiante, sino que resulta indispensable como forma de validación de la democracia y como mensaje para quienes quieren el retorno del autoritarismo corrupto en nombre del orden y las obras.