Maria Isadora Herrera Heredia

Panorama que debe afrontar el nuevo gobierno




La disolución de la Asamblea, el debilitado poder ejecutivo, la campaña electoral próxima no mejoran los indicadores macroeconómicos, por el contrario, las perspectivas de superar los niveles de crecimiento (4.2 % en 2021 y 2.9% en 2022) se esfuman. La disminución de las exportaciones petroleras, la baja en las recaudaciones tributarias y el excesivo gasto público prevén un voluminoso déficit fiscal. El riesgo país, cercano a los 2000 puntos, consecuencia de la inestabilidad política, avizora el cierre del financiamiento internacional o la determinación de sobretasas de interés, y la contracción de la inversión extranjera.

La disminución de ingresos petroleros (1.000 millones) y recaudación tributaria (200 millones), la amenaza del Fenómeno de El Niño, estimada en USA  3 mil millones, el fallido proyecto de zonas francas por decisión de la Corte CC, las amortizaciones pendientes por capital e intereses (USA 7.542 millones para 2024), son elementos que advierten un déficit de alrededor de los 5 mil millones para 2023.

La inseguridad, el desempleo y la corrupción son temas estructurales, su reparación demanda una política de estado, un clima de confianza, una imagen externa sólida y la convergencia de los diferentes actores económicos. Esta reparación no la logrará un gobierno de 4 años y menos uno de transición. El juicio político al presidente no solo flageló al ejecutivo, sino que malgastó recursos, perdió tiempo y anuló las pocas acciones en pro de superar problemas como el subempleo (60.6%). El empleo adecuado (34.9%) no crecerá mientras no crezca la inversión, la producción y el consumo, variables determinantes en el crecimiento de la reactivación productiva.

El resultado de la consulta sobre el Yasuní definirá si el país deja de producir y exportar 55 mil b/d y percibir entre USA mil y mil doscientos millones de dólares anuales o si por el contrario sigue siendo fuente de empleo e ingresos para el presupuesto nacional. Más allá de la demagogia conviene definir una política responsable de uso de los recursos naturales.

Mantener la dolarización es un desafío del gobierno entrante. Su uso ha permitido mantener niveles bajos de inflación (1.9% anual a mayo 2023), anular la especulación y revalorizar los salarios reales y el nivel de vida de los ecuatorianos. Prescindir del dólar sería una equivocación y el retorno a la devaluación monetaria y la pérdida de la capacidad adquisitiva. El financiamiento, no es la solución. El problema no es solo del gobierno sino de todos los ecuatorianos. Todos somos corresponsables de su progreso o desastre.

Suplementos digitales